La jueza de Competencia Ampliada del Distrito Judicial Sur, Adriana Rapossi, ordenó se tomen muestras de agua de las tres plantas de la ciudad de Ushuaia y se realicen estudios fisicoquímicos y bacteriológicos para determinar si el recurso que llega a la población guarda los requisitos de potabilidad necesarios para no resultar perjudicial para la salud humana.
La decisión judicial se dio en el marco de la presentación realizada los últimos días de septiembre por los agentes de obras sanitarias Hernán Alejandro Bello y Rubén Alberto Blanco, quienes presentaron un recurso de amparo para que se ordene a la Presidencia de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) realizar la inversión correspondiente en las plantas potabilizadoras de Ushuaia.
Vale señalar que los operarios denuncian que la falta de mantenimiento e inversión atenta contra una óptima potabilización en el agua que se provee a los vecinos de la capital fueguina.
Durante la primera semana del mes de octubre Rapossi le requirió al CADIC y a la Facultad Regional de Río Grande de la Universidad Tecnológica Nacional, se tomaran muestras de agua de cada una de las plantas potabilizadoras de Ushuaia para efectuar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos y determinen la potabilidad del agua. También se pidió un informe a la DPOSS para que de cuenta del estado de las plantas potabilizadoras y se desingnó una perito para que evalúe técnicamente la situación.
Una vez que la jueza tenga los análisis bacteriológicos determinará si la presentación prospera y se dispone o no de alguna medida cautelar, sobre todo teniendo en cuenta que Rapossi ordenó los estudios químicos "atento a la gravedad de las circunstancias de hecho referidas en la demanda que exceden el interés particular y del perjuicio que en el supuesto de existir, podría derivarse a la salud de la población".

El amparo contra la DPOSS
Bello y Blanco promovieron el pasado 30 de septiembre la acción de amparo "en contra de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, por el pésimo y/o inexistente mantenimiento que las autoridades de dicha Dirección realizan en las plantas potabilizadoras de la Ciudad de Ushuaia, que proveen de agua potable a toda la población de la Ciudad". Consideran que dicha circunstancia pone en riesgo "la salud de toda la población toda vez que dichas plantas potabilizadoras no se encuentran funcionando correctamente y el agua que actualmente se provee a la población no tiene el tratamiento adecuado para garantizar las cualidades óptimas del fluido. Asimismo se corre el serio riesgo de no poder proveerse a corto plazo a gran parte de la población de dicho fluido vital para la vida humana".
Para los denunciantes "tal conducta omisiva por parte de las autoridades de la mencionada Dirección, es decir no arbitrar las medidas administrativas pertinentes y con los recursos con que cuenta dicho Ente Autárquico que percibe de los usuarios por el servicio que presta, para el correcto mantenimiento y adecuación de las plantas potabilizadoras a la demanda existente poblacional, a fin que las mismas puedan brindar un servicio de agua potable, conforme a los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud, circunstancias éstas que conculcan en forma manifiestamente ilegal y arbitraria el art. 42 de la Constitución Nacional y el art. 54 de la Constitución Provincial".
Recuerdan que en su condición de empleados desde hace ya varios años –desde que las plantas potabilizadoras pertenecían a la empresa privada Degremont– "venimos observando el constante deterioro de las mismas, que son las que proveen el fluido a toda la población de la Ciudad de Ushuaia, por falta de mantenimiento e inversión por parte de las autoridades responsables de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, hasta llegar en la actualidad con el siguiente estado de deterioro y falencias de las mismas, que ponen en serio riesgo la potabilización efectiva del fluido que se provee a la población".