Los centros asistenciales públicos y privados de la salud de Bahía Blanca y Punta Alta reclamaron ayer que ABSA los considere prioritarios, al momento de distribuir agua potable ante las restricciones que parecen inexorables.
El pedido se formalizó al cabo de una reunión que autoridades de los hospitales, concejales y funcionarios de ambas ciudades mantuvieron en el Concejo Deliberante.
Hasta el momento, el planteo de los nosocomios sólo tuvo eco en autoridades políticas, que se comprometieron a trasladarlo a los ejecutivos de ABSA para convocarlos a un encuentro con los directivos de los hospitales, con la premisa de definir previsiones ante el desabastecimiento.
También se definió la conformación de un comité de crisis que será integrado por la Región Sanitaria I, el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y la Asociación Médica, tal como se organizó para afrontar la emergencia de la gripe A.
"Es imposible imaginarse un hospital sin agua. Y si llegásemos a tener la desgracia de epidemias o situaciones especiales por la falta del recurso hídrico, tendrán que trabajar con toda su capacidad. Aunque esté claro que debemos reducir el consumo al máximo, es cierto que es muy difícil lograr una disminución significativa", advirtió Federico Conradi, titular del Privado del Sur.
Conradi admitió que se está reuniendo información de los costos que permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y para lograr aguas subterráneas. Por eso, se esperanzó en créditos sumamente blandos como para poder generar una infraestructura útil a los hospitales.
Roberto Santiago, flamante director del Hospital Municipal "Doctor Leónidas Lucero", señaló que más allá de la red, el abastecimiento se nutre de pozos y surgentes, por eso no estima severos problemas para el corto plazo.
"He escuchado decir que se usa mucha cantidad de agua para los sanitarios o el lavado de ropa y elementos. Para definir un plan de emergencias, habría que discernir qué porcentaje es el que se destina al consumo humano", consideró Santiago.
Promotor del encuentro, el concejal del Frente para la Victoria, Esteban Obiol (presidente de la Comisión de Salud del CD), enfatizó que ABSA tiene que garantizar la provisión de agua a los hospitales y centros de diálisis.
Por su parte, el radical Oreste Retta dijo que pidió que los hospitales especifiquen la cantidad de agua que consumen por día, a fin de analizar sistemas de contingencia ante posibles interrupciones del suministro.
"Queremos tener esos datos para que ABSA nos defina cómo piensa garantizarles el agua a los centros asistenciales. Los datos que dieron a conocer algunos hospitales son sorprendentes, ya que usan alrededor de 50 mil litros por día. También es necesario saber la capacidad de almacenamiento que tienen en tanques y cisternas y sus fuentes alternativas, como perforaciones y surgentes", expresó.
En la próxima reunión del comité de crisis se sumará la presencia de ABSA y del área de Bromatología de la comuna, que analizará la calidad del agua en los nosocomios.

En Punta Alta
Silvina López, secretaria de Salud de la Municipalidad de Coronel Rosales, dijo que en el marco de una mesa de trabajo para prever las consecuencias de la falta de agua, en el distrito vecino se llegó a un acuerdo con ABSA para que le garantice el suministro del recurso a los centros de asistencia de la salud.
"El sistema sanitario de Punta Alta es menos difícil que el de Bahía Blanca, por el número de instituciones que lo integran y las complejidad de los servicios que ofrecen. De todas maneras, hace dos meses que venimos trabajando en la mesa del agua, donde participa el ingeniero Sergio Amundarain, de ABSA.
"La situación del hospital de Punta Alta y de las unidades sanitarias fue tratado en las primeras reuniones y tenemos mecanismos articulados para prevenir. Además, en todo este tema contamos con el apoyo de la Base Naval de Puerto Belgrano", reconoció la funcionaria", agregó.
Silvina López también afirmó que el abordaje y las estrategias tienen que ser regionales porque de lo contrario serán esfuerzos aislados.

La UNS aprobó la cesión de tierras, pero advirtió que no se le piden opiniones
"Pese a que estamos en condiciones de aportar opiniones técnicas sobre esta emergencia hídrica, aún no hemos sido convocados para eso", afirmó ayer el rector de la Universidad Nacional del Sur, doctor Guillermo Crapiste, poco después de concluir la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario que, tras poco más de una hora de deliberaciones, aprobó la cesión de tierras para la construcción de una planta potabilizadora sobre el arroyo Napostá.
Mientras se suman posturas que rechazan el proyecto, Crapiste explicó que al momento de iniciarse la reunión, los representantes de Aguas Bonaerenses (ABSA), en Bahía Blanca, le habían confirmado que sigue siendo considerado entre las opciones para sumar agua a la ciudad.
Sólo dos de los 26 miembros rechazaron el convenio por el cual la UNS cederá una hectárea en el campus de Altos del Palihue, en el límite con la ribera del arroyo.
"En compensación por ese espacio y por otras 13 hectáreas para un paseo público que se trazará junto al Napostá, la UNS recibirá de la Municipalidad el segundo piso del ex Centro Cívico, en la primera cuadra de Drago (segundo piso)", señaló el rector.
Crapiste agregó que hubo consejeros que expusieron sus reservas sobre si la citada planta potabilizadora significará un aporte sustancial, pero reiteró que en la sesión de ayer sólo se trató el pedido del municipio y de ABSA sobre la disponibilidad de tierras, aunque recordó que especialistas de la UNS desde hace 20 años vienen desarrollando estudios integrales sobre la problemática del abastecimiento de agua.
El secretario general técnico de la UNS, ingeniero Juan Carlos Schefer, consideró que la planta está sujeta a los caudales del arroyo y que para encontrar sequías como ésta, hay que remontarse a 1930.
"Los altos consumos, la falta de un manejo racional de la red y los fuertes vientos que aceleran la evaporación en el embalse de Paso de las Piedras, potencian el problema", expuso Schefer, cuya trayectoria de 35 años en el dique concluyó en febrero de este año.

Posiciones
"A la UNS no le compete decidir o no sobre la factibilidad de la solución al problema del agua, por eso no se le puede cerrar la puerta a este proyecto. El consejo superior debe poner el interés de la ciudad por sobre todo", concluyó Miguel Lliteras (consejero docente).
Gabriela Eberle (graduados), enfatizó que la cuestión del agua es por inoperancia. "Nada les facilitaría a las empresas del Polo, porque esto es un problema de administración del recurso", opinó.
Para Roberto Cimatti (no docente) se presionó a la UNS para tomar esta decisión por el problema presupuestario de las universidades públicas, ya que de otra forma no podría conseguir más espacio para su funcionamiento, dijo en referencia al piso del ex Centro Cívico.
Ricardo Gutiérrez (docente) sostuvo que la UNS se ve afectada por la improvisación y el apuro de los responsables del agua, ya que se afectará su predio en una zona de fragilidad ambiental.
Andrea Castellano (docente) estimó que la UNS está en una situación muy incómoda por la imprevisión "que los responsables evidenciaron hasta este momento. Debemos hacer un aporte desde nuestros cuadros técnicos y especialistas, porque quizás no hemos sabido transferir nuestro conocimiento".