La historia comenzó hace casi 40 años. Pero el cineasta Joe Berlinger se dio cuenta de que "debía hacer algo" cuando vio a habitantes de la Amazonia ecuatoriana "comiendo atún enlatado porque el pescado de los ríos estaba demasiado contaminado".
Su documental, titulado "Crudo", es la última arma que reluce en la guerra de relaciones públicas que rodea en Ecuador el proceso judicial en el que se acusa a la petrolera estadounidense Chevron de derramar 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, dejar 916 fosos con desechos y quemar millones de metros cúbicos de gases contaminantes.
Todos estos delitos ambientales han elevado la incidencia de cáncer y otras enfermedades en la región ecuatoriana de Lago Agrio, según los demandantes.
Se trata de determinar si Chevron es legalmente responsable por los daños, si es posible remediarlos o repararlos --y cómo--, y si, como la empresa alega, el vínculo entre contaminación y enfermedades no está comprobado.
Luis Yanza, miembro del equipo legal de los demandantes, comparó la tragedia de las comunidades amazónicas con sufrida por Alaska tras el derrame del buque petrolero Exxon-Valdez en 1989. "Aquello fue un accidente. Lo que sucedió en Ecuador, no: fue algo deliberado", dijo Yanza en el estreno de "Crudo" en Washington, el viernes 23.

Pero la versión de Chevron es muy diferente.
"Vemos las votos, vemos la contaminación y no es sólo nuestra", dijo el martes el próximo gerente general de la compañía, John Watson, ante el auditorio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. "Se trata de reclamos absurdos sin ninguna base científica."
En la década del 60, la compañía Texaco comenzó a extraer crudo en una zona de la Amazonia ecuatoriana alejada de los centros urbanos. Al cabo de 23 años de operaciones había derramado 64 millones de litros de petróleo y 68.000 millones de litros de agua contaminada y tóxica, según la organización ambientalista Amazon Watch, que asiste a los demandantes.
Texaco cedió en los años 90 sus operaciones a la empresa estatal PetroEcuador, que continúa explotando los pozos de Lago Agrio y admite seguir arrojando agua sucia al ambiente.
Chevron, que adquirió Texaco en 2001, considera que la mayor parte de la contaminación es responsabilidad de PetroEcuador. Y que Texaco se desembarazó de la suya en 1998, cuando terminó de limpiar algunos de los sitios, a un costo de 40 millones de dólares, en cumplimiento de un acuerdo firmado en 1995 con el gobierno ecuatoriano.
Pero auditores de Quito concluyeron en 2003 que la compañía no había cumplido adecuadamente con su parte del pacto. Pobladores de Lago Agrio describen en "Crudo" cómo descubrieron que habían construido sus casas en hoyos rellenos de petróleo y luego cubiertos.
A pesar de la auditoría, Watson alegó el martes que Texaco fue relevada formalmente de toda responsabilidad por el gobierno tras completar su operación limpieza. Y añadió que PetroEcuador nunca cumplió con su parte y que, muy por el contrario, sigue contaminando.
"Muchas de las prácticas habituales de Texaco se mantienen, aunque PetroEcuador hizo muchos cambios desde la retirada de Texaco para operar con más responsabilidad", indicó Yanza. "Texaco diseñó un sistema pergeñado para contaminar y tiene toda la responsabilidad."
Otro abogado de la demanda, Pablo Fajardo, declaró ante la cámara del documentalista Berlinger que PetroEcuador no es inocente, y sugirió que querellar a la empresa estatal podría ser el siguiente paso.
La demanda vincula 1.401 muertes por cáncer en la región con la contaminación causada por Texaco entre 1985 y 1998, contabilizadas en un informe realizado por un grupo de trabajo independiente a la que la justicia ecuatoriana encomendó la evaluación de los daños.
El estudio de los expertos concluye que Chevron debe pagar 27.000 millones de dólares para limpiar el ambiente y compensar a las comunidades afectadas.
Esta suma convierte en la demanda en el principal proceso por daños ambientales de la historia de la humanidad, y supera en 3.000 millones de dólares las ganancias de Chevron en 2008.
"Será muy caro limpiar, pero aun así será mucho menos que las ganancias obtenidas por la empresa en Ecuador", dijo la semana pasada otro abogado de los demandantes, Steven Donzinger.

La batalla legal lleva 16 años.
En 2002, Texaco persuadió al juez estadounidense Jed Rakoff de que transfiriera el caso a tribunales de Ecuador, país que entonces tenía un gobierno conservador ansioso de capitales extranjeros.
La condición fue que la empresa se abstuviera de cuestionar una eventual condena en Ecuador ante la justicia del país norteamericano.
Ahora el caso se vuelve cada vez más enmarañado en el Poder Judicial de Ecuador, algo que, según los abogados de la demanda, era la intención de Chevron.
Grabaciones procedentes de micrófonos ocultos en relojes y lapiceras parecen revelar un esquema de soborno que involucra, al menos indirectamente, al juez del caso, Juan Núñez, a la hermana del presidente Rafael Correa y a un ecuatoriano que trata de colaborar con un empresario estadounidense.
A raíz del escándalo, Núñez se excusó de seguir trabajando en el caso, aunque niega cualquier falta de su parte.
Los abogados de la demanda perciben el episodio como una triquiñueña de Chevron para desviar la atención de las cuestiones clave del caso y, fundamentalmente, para socavar al Poder Judicial ecuatoriano.
La semana pasada, Chevron solicitó la anulación de las anteriores resoluciones de Núñez, moción que fue rechazada por el nuevo juez del caso, Nicolás Zambrano.
El anterior magistrado había previsto el año pasado que el fallo sería emitido a fines de 2009, pero no hay una resolución a la vista.
"Si perdemos (…), lucharemos vigorosamente", dijo Watson el martes.
El problema de la responsabilidad por la contaminación es tan viscoso como la contaminación en sí misma. El caso parece dejar en evidencia la incapacidad de los tribunales en tratar asuntos como éste, en los cuales una corporación transnacional parece, al menos en parte, en falta y, al mismo tiempo, tiene los recursos y la voluntad de afrontar una batalla legal durante décadas.
Chevron "no quiere para nada" ser juzgado, según Donzinger, que destaca las gestiones de la empresa para trasladar el caso de tribunales estadounidenses a los ecuatorianos. "Ellos se creen más allá del alcance de cualquier sistema nacional", lamentó.
Mientras, la batalla por la opinión pública está perdida para Chevron en Ecuador, donde el gobierno de Correa se ha alineado con los demandantes, al contrario de sus antecesores conservadores. Pero la empresa mantiene su influencia en Estados Unidos, donde procura mostrarse como la más socialmente consciente de las petroleras.
"No creo que esto sea" para Chevron "una mera cuestión de dinero, sino de reputación", sostuvo Donzinger.
Pero los esfuerzos de la empresa podrían precipitarse con hechos como la difusión de "Crudo". Además, figuras populares como el músico británico Sting y la activista estadounidense Kerry Kennedy se alinearon con los demandantes en una pelea percibida por ellos como la de David contra Goliat.
"Como legislador y como ciudadano estadounidense me siento avergonzado", dijo el viernes el representante oficialista Jim McGovern, quien visitó Lago Agrio. "Chevron tiene la obligación moral y, creo, también legal de resolver" el conflicto, agregó.