La Legislatura aprobó anoche la creación de una nueva empresa estatal que se encargará de “la captación, envasado, distribución y comercialización de las aguas subterráneas y del Sistema del Acuífero Guaraní y de las aguas superficiales y pluviales de dominio público provincial que no tengan por destino el abastecimiento del servicio de agua potable de la población”.
A contramano de una tendencia política y económica de otros años, que vendió todas las empresas estatales, ahora hubo un amplio consenso para gerenciar el recurso natural, que ya es un gran negocio global y promete disputarse a valor oro en el futuro. Otras provincias ya comercializan agua del Acuífero, como Entre Ríos, que concesionó el servicio y vende a ocho pesos el medio litro. Se sabe que Uruguay pondría como garantía su porción subterránea para acceder a créditos del Fondo Monetario y en Brasil, hay 1600 pozos. “En Córdoba también está concesionada, entra a los a cinco estrellas y la toma Angelina Jolie”, agregó como dato el diputado Jorge Galeano, coautor de la iniciativa junto al presidente de la Cámara, Carlos Rovira.
“En Misiones el uso lucrativo será del Estado. Lo que tenga de utilidades, volverá en obras, en planes sociales e inversiones en planes ambientales. Por supuesto que queremos hacer negocios, pero para los misioneros. Quizás en diez años no se vean los resultados, pero esta ley producirá efectos en el tiempo. No me escandaliza que sea lucrativo. Es un excelente negocio porque está demostrada la viabilidad del producto”, insistió.
Las utilidades de Aguas Misioneras Sociedad del Estado se repartirán en un cinco por ciento para el fondo de reserva legal hasta completar el veinte por ciento del capital social. El cuarenta y cinco por ciento, al desarrollo de planes de obras e investigaciones destinadas al uso racional y sustentable del recurso hídrico provincial y el otro cuarenta y cinco al ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y Turismo. El capital inicial que aportará el Estado será de dos millones de pesos.
“El recurso natural “agua” es de dominio público provincial, sin perjuicio de las acciones comunes que puedan emprenderse con otras jurisdicciones provinciales sin resignar ni limitar ese dominio y de las potestades de la Nación para legislar sobre “presupuestos mínimos”, que en nada pueden enervar o empalidecer las facultades de la provincia de disponer con racionalidad de sus propios recursos”, indicó el legislador Mario Florentín, miembro informante del oficialismo.
No solo el costado comercial que puede ser beneficioso para la provincia fue tenido en cuenta a la hora de votar. El diputado Adrián Bernal, gremialista de Obras Sanitarias, auguró un nuevo espacio sindical para sus afiliados y Erico Álvarez, también gremialista, festejó que “vuelva el Estado empresario, generador de empleos”.
“Es una noción estratégica que reivindica al Estado como principal herramienta de una sociedad para alcanzar un nivel de vida digno. La privatización del agua no es un camino adecuado para gestionar un recurso natural que tiene directa relación con la misma dignidad de la persona, porque es la base de sustentación de su vida propia”, sostuvo por su parte Rovira.