El Concejo Deliberante facultó ayer al intendente Cristian Breitenstein a determinar las medidas necesarias a efectos de afrontar las situaciones de emergencia derivadas de la crisis hídrica y a llevar adelante las acciones indispensables para priorizar el consumo humano.
Así quedó definido por unanimidad en la sesión de la víspera, donde también se dejó constancia de la adhesión de la ciudad a la declaración de emergencia hídrica en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, dispuesta por la Provincia.
A los fines de hacer efectiva las facultades otorgadas, el Ejecutivo deberá exigir a quien corresponda la presentación y ejecución de un plan de contingencia e implementar las medidas necesarias para ponerlo en marcha, así como disponer la creación de un Comité de Crisis Hídrica.
Las medidas deberán tender a asegurar el abastecimiento mínimo y necesario para el consumo de la población, establecer un programa de monitoreo de calidad del agua suministrada por diferentes vías --surgentes, perforaciones, etcétera-- en el laboratorio de Bromatología municipal y hacer un inventario de los recursos disponibles para definir las estrategias ente la emergencia.
También se facultó al intendente Cristian Breitenstein a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a esta ordenanza, en el marco de la crisis.
La resolución se tomó en base a los serios inconvenientes registrados en nuestra ciudad en el abastecimiento y provisión de agua potable.

Idas y vueltas
La visita de las autoridades de ABSA a la ciudad contribuyó para que la crisis hídrica captara toda la atención de los concejales.
A media mañana, los bloques de la UCR y el oficialista FPV-PJ habían acordado un texto para llevarlo a la sesión, mientras que el resto de los bloques, todos opositores a la gestión del intendente Breitenstein, confeccionaron otro articulado, basándose en una mayor cantidad de argumentos.
Con el paso de las horas y con la intención de aprobar una norma bajo consenso, el marco opositor sumó a la UCR, mientras que el oficialismo se mantuvo al margen.
Con el texto abierto al diálogo, el consenso llegó entrada la tarde, cuando el oficialismo eliminó algunos párrafos de los considerandos, con el aval de la oposición.
A continuación se transcriben partes que el FPV-PJ pidió quitar del proyecto:
* "A pesar de reclamos que se formularon con el objeto de que se elaboraran proyectos factibles de concretar, el gobierno bonaerense y ABSA no asumieron la gravedad de la situación y, después de negar las restricciones que notaban vecinos de distintos sectores de la ciudad, tuvieron que terminar admitiendo la crisis hídrica".
* "Los funcionarios provinciales, lejos de acercar soluciones a la falta de agua, responsabilizan a los vecinos, argumentando que el nivel de consumo por habitante por día es superior a los 600 litros".
* "Si bien es controvertida la facultad de los municipios de establecer sanciones a los consumos excesivos y/o suntuarios en una época de crisis hídrica, tendientes a racionalizar la utilización del recurso, nada impide que el Ejecutivo pueda celebrar convenios con la autoridad de aplicación provincial, con el propósito de instrumentar medidas y acciones concretas en el marco de un plan de uso racional del agua".

Bases de lo votado
Entre los argumentos que, finalmente, sostuvieron el otorgamiento de las facultades al intendente, se aclaró que los responsables de garantizar el suministro del agua en nuestra ciudad son la Provincia, ABSA y la Autoridad del Agua.
También se consideró innegable que el suministro del líquido a la población no es el adecuado por la imprevisión del gobierno provincial, que, durante más de 20 años, no efectuó las inversiones y los trabajos indispensables para sumar fuentes de agua complementarias de Paso de las Piedras.
"La crisis en la provisión de agua se viene agravando desde hace ya varios años y, a pesar de los incesantes reclamos efectuados desde nuestra ciudad, las autoridades provinciales no han llevado a cabo las obras necesarias, tanto en la provisión, potabilización, distribución, tratamiento y evacuación del agua de red", se indicó.
Por otra parte se recordó que la Autoridad del Agua, en el mes de junio, declaró a Bahía Blanca en alerta amarilla, fijando una serie de intervenciones, acciones y metas en el plazo de 90 días.
"Entre las medidas anunciadas se contemplaba el requerimiento a la prestataria y usuarios para una racionalización de los consumos. Sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente", se expresó en la ordenanza.
Por unanimidad, también se dejó dicho que, hasta el momento, las autoridades provinciales no han abordado seriamente los problemas en la distribución de agua producto de las roturas registradas en las cañerías.
"Ello pone en evidencia la imprevisión con que la Provincia afronta la prestación de tal vital servicio en nuestra ciudad", se expuso.
"La carencia de agua será aún mayor cuando comiencen las altas temperaturas y, con ello, se incremente la demanda del vital producto. Por tal motivo, se requiere la adopción de medidas en forma urgente, con el propósito de garantizar que, hacia fines de este año, se hayan podido saldar los inconvenientes en la provisión y distribución de agua potable", expresaron.

Muchas promesas y pocos cumplimientos
Según se indicó en el texto de la ordenanza, el 2 de junio pasado, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el intendente Cristian Breitenstein firmaron un convenio donde la Nación, la Provincia y la Municipalidad se comprometían a estudiar las soluciones más adecuadas al problema estructural del agua, más allá de la emergencia.
Otra fecha que se recordó fue la del 11 de junio pasado, en el que el CD aprobó, por unanimidad, solicitarle al gobernador Daniel Scioli, el urgente dictado de las siguientes medidas:
* Declarar la emergencia hídrica del distrito.
* Suspender los incrementos tarifarios aplicados hasta tanto se solucionen los inconvenientes estructurales que presenta la provisión y distribución de agua corriente.
* La reparación, en forma inmediata, de todas las pérdidas de agua registradas en las cañerías de distribución.
* La construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas para ser destinada a uso industrial.
* Garantizar, en cantidad y calidad, el agua, tanto para uso domiciliario como industrial, otorgando prioridad al primero.
Seguidamente, el 19 de agosto, en el Palacio Municipal, la ministra de Infraestructura de la provincia, Cristina Alvarez Rodríguez, confirmó el compromiso del gobierno provincial de remitir, durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, el dinero necesario para hacer frente a la crisis hídrica reinante.
En esa oportunidad, la funcionaria expresó que para atender la urgencia debían realizarse, por lo menos, 25 pozos en busca de agua subterránea.
"En la reunión de referencia, las autoridades provinciales comentaron que eran buenos los resultados de los estudios geoeléctricos relacionados con la cantidad y cantidad del agua detectada a unos 600 metros de profundidad y para cuyo aprovechamiento, en octubre, se pondrán en marcha 10 perforaciones entre el dique y el Bajo San José. Hoy nos encontramos con que sólo se hicieron cuatro", se indicó en el texto aprobado por unanimidad durante la víspera.
Finalmente, los concejales coincidieron al afirmar que, más allá de la demora que insumirían obras de mayor importancia, ni siquiera se ha cumplido con los trabajos comprometidos para atender con rapidez la emergencia.