Nuevamente ha debido intervenir la Justicia ante el incumplimiento de los cuerpos ejecutivos que debían concretar las obras pautadas para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, dejando de manifiesto la ausencia de prioridad que la cuestión tiene para las autoridades políticas.
Este problema ambiental es bien conocido, de larga data y afecta a millones de personas. En distintos momentos se han formulado promesas de limpieza y recuperación del área que no han sido cumplidas, lo cual llevó a que afectados y organizaciones civiles reclamaran la intervención judicial. Y así como la respuesta de la Corte ha sido ejemplar, la actitud de los representantes de las diferentes jurisdicciones implicadas han mostrado falta de diligencia e incumplimiento de las obras comprometidas.
Por ese motivo el Juzgado Federal de Quilmes impuso sanciones conminatorias a los titulares de la secretaria de Ambiente y de la intendencia de Lanús, buscando que se realicen los trabajos previstos y ya financiados. Además, el juez manifestó que verificará la evolución de las obras en los lugares donde deben concretarse, y no a través de los escritos que presenten las autoridades.
Una obra que debería ser prioritaria por su importancia sanitaria y ambiental motiva, por su parálisis, la intervención judicial, lo cual vuelve a demostrar la ausencia de una política gubernamental para la preservación del medio ambiente y de la salud de la población.
La Justicia intervino por el incumplimiento de las obras pautadas para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ante la ausencia de una política de preservación del medio ambiente.