Berhongaray, pretende que el Poder Ejecutivo promueva un recurso de amparo y todas las acciones que estime necesario para evitar el corte del escurrimiento del río Salado-Chadileuvú. El legislador consideró que “es responsabilidad del gobierno hacer lo necesario para preservar la calidad ambiental para las presentes y futuras generaciones, evitando que se violen los derechos constitucionales a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo de los pampeanos”.
No dejó de remarcar el diputado el comportamiento seguido por las provincias aguas arriba “que administran muchas veces la Cuenca de un modo tan abusivo y arbitrario, que no puede ser tolerado” por el gobierno pampeano.
El artículo primero de la iniciativa es concreto: solicitar al PEP que instruya al Fiscal de Estado a efectos de que promueva una acción de amparo y las demás acciones judiciales que estime corresponder, a fin de evitar el corte del río Salado-Chadileuvú en territorio pampeano, exigiendo la utilización racional del recurso natural y demás medidas conducentes a la protección del desarrollo presente y futuro de los habitantes pampeanos, lesionado por la administración discrecional y abusiva de la Cuenca por parte de las provincias aguas arriba”.
Berhongaray, expuso que el artículo 43º de la Constitución Nacional confiere a toda persona el derecho a interponer acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de las autoridades públicas que restrinja y altere, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Carta Magna, un Tratado o una Ley.
Asimismo, establece que dicho remedio judicial puede interponerse “en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente”. Afirmó que la medida propuesta pretende acelerar el dictado de una decisión judicial que proteja a La Pampa y a sus habitantes contra una “manifiesta violación de sus derechos constitucionales”.
El legislador recordó las palabras públicas del secretario de Recursos Hídricos Juan Pablo Morisoli, quien remarcó que “los escurrimientos del Salado rondan en la actualidad los 3 metros cúbicos por segundo y contienen una salinidad que supera los 12 gramos de sal por litro de agua”, carga salina que “hacen absolutamente intomables tales aguas, tanto para la hacienda como para cualquier otro uso que se le quiera dar”.
Advirtió también el funcionario que si las provincias cuyanas de aguas arriba no realizan sueltas de agua, el río Salado estará completamente seco para dentro de un mes. Berhongaray manifestó que “indudablemente el comportamiento seguido por la provincia de Mendoza y demás de aguas arriba consistente en el desarrollo de actividades (minería, entre otras) que resienten los aportes que recibe el río Salado, evidencia -de modo claro y manifiesto- la ilegitimidad de una restricción impuesta a derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable ocasionado al medioambiente”.
Advirtió que “no podemos tolerar tal saqueamiento de la naturaleza por parte de quienes anteponen el interés de lucro o el propio progreso por sobre el desarrollo del conjunto. Corresponde pues, que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía el recurso de amparo. La problemática de la cuestión ambiental requiere de políticas de coordinación hacia un federalismo cooperativo de deberes”, dijo.