Menos de un mes transcurrió entre el cierre de la investigación por la contaminación del humedal del río Cruces, que derivó en una masiva mortandad de cisnes de cuello negro, decretada el 8 de octubre pasado por el Ministerio Público, y su reapertura, dictada el 23 de octubre por el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina.
La medida fue dada a conocer este lunes por el Ministerio Público, el que poco antes, al finalizar las diligencias, argumentó la inexistencia de "antecedentes para formular una acusación". Previo a dicho cierre, la investigación duró casi cinco años y durante ese período fue sumando intervinientes, que hoy alcanzan casi la veintena, principalmente de comunidades que dicen haber sido afectadas por contaminación y de organizaciones ambientalistas.
Los abogados querellantes Renato Jiménez, representante de pequeños y medianos agricultores de la localidad de Punucapa, y Germán Aravena, solicitaron nuevas diligencias que fueron acogidas por el tribunal de San José. Desde la fecha del dictamen, corren 60 días para que el fiscal Alejandro Ríos investigue nuevamente.
El abogado Renato Jiménez señaló que "nuestro objetivo es buscar las responsabilidades respecto al ilícito que creemos se configuró por el vertido de sustancias tóxicas a las aguas del río Cruces (...) la decisión del Ministerio Público de no perseverar no nos dejaba satisfechos no sólo a nosotros, sino que otros querellantes".
Por su parte, desde Celulosa Arauco, empresa investigada por su supuesta responsabilidad en la contaminación, se señaló escuetamente que no se referirán a "decisiones judiciales" o relativas a la investigación.