El ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, informó que el Gobierno facilitará la reprogramación de créditos a ocho cooperativas, empresas de agua y municipios con problemas para el pago de los intereses penales que alcanzaban a unos dos millones de dólares.
Dijo que esa determinación fue viabilizada ayer con la aprobación del Decreto Supremo 350.
“Ayer se aprobó el Decreto que establece la posibilidad de que ocho empresas de agua potable y Gobiernos Municipales que están en el marco de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) castigadas con altas tasas de interés, puedan reprogramar sus créditos hasta en un plazo de 25 años”, anunció Orellana.
Dijo que en el marco de dicha norma, los beneficiarios podrán disminuir sus tasas de interés que están en el orden del 6 por ciento hasta en un 3,5 por ciento, para que puedan acceder incluso a mayores facilidades financieras, de tal modo que “les permita tener una salud económica que facilite las inversiones en el sector de agua potable”.
Orellana aclaró que este decreto ha condonado los intereses penales, pero no los corrientes que ascienden a casi dos millones de dólares.
“Hemos visto a ocho entidades de agua que están en una situación financiera muy grave a consecuencia de las políticas crediticias neoliberales con deudas que ascienden a más de 15 millones de dólares, muchas de ellas con intereses penales acumulados cercanos a los dos millones de dólares”, indicó.
“Las entidades de agua beneficiadas en esta primera etapa son la Cooperativa de Aguas Montero, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) de Cochabamba, de Villazón (Potosí), de Yapacaní (Santa Cruz), de Riberalta (Beni) y del municipio de Concepción en Santa Cruz.
Orellana destacó que la Cooperativa de Montero en Santa Cruz, que acumula un interés penal de 1,4 millones de dólares y una economía asfixiada, será la más beneficiada con este decreto.
“Resuelto este problema, condonado el interés penal, vamos a reprogramar su crédito por varios años e incrementar el periodo de gracia hasta tres años. Este Decreto Supremo responde a una visión de política de Estado”, manifestó.