La crisis hídrica está alcanzando en Córdoba dimensiones colosales, a las que quizá nunca había llegado en el pasado.
Y esto sucede por una razón muy simple: nunca se había dado la combinación de un período de falta de lluvias tan prolongado –prácticamente de nueve meses– con un desmesurado e incontrolado crecimiento urbano, en particular en la ciudad capital y sus alrededores, o sea el llamado Gran Córdoba.
Pero la sequía y los vientos se extienden a toda la provincia y crean un segundo problema, tan grave como el primero: los incendios, que también se están volviendo incontrolables, no sólo por la falta del vital elemento para combatirlos, sino también por la carencia de equipos y personal adiestrado. Los bomberos voluntarios, verdaderos héroes en la lucha desigual contra el fuego, no alcanzan para erradicar el mal.
El Gobierno provincial en pleno y los municipios del interior están movilizados en torno de este megaproblema que es la falta de agua y son varias las alternativas que están en discusión. Sin embargo, una sola aparece como válida: la reducción drástica del consumo. Para ello, se requieren dos instrumentos clave: la instalación masiva de medidores y la aplicación de severas multas a quienes derrochen en medio de la crisis.
La falta de conciencia ciudadana en esta materia fue incentivada por una errónea política tarifaria, que llevó a que el suministro de agua potable, el más esencial de los servicios públicos, fuera también uno de los más baratos hasta no hace mucho tiempo.
Desde hace por lo menos dos décadas se viene hablando de la necesidad de instalar medidores de agua en gran escala, pero es muy poco lo que se ha avanzado en la materia, ya sea por una postergación de la inversión cuando no se le concedían a la empresa autorizaciones para incrementar la tarifa o por el incumplimiento del Estado, que había asumido la obligación de instalarlos. Además, esto no resulta del todo eficaz si la medida no va acompañada de una fuerte penalización para quien consuma con exceso.
En este punto hay que ser claros: la reducción del consumo de agua es responsabilidad de todos los sectores. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia dijo al respecto una cosa muy aleccionadora: "Yo no soy de los que piensan que sólo los countries o barrios cerrados son lo que malgastan; hay muchas otras conexiones que también lo hacen". El funcionario agregó, con realismo, que la instalación de medidores no resolverá en forma inmediata esta crisis hídrica, de modo que hay que diseñar alternativas para el mediano y largo plazo y concientizar a la población de que el agua es un servicio de alto costo.
Como bien se ha señalado, el valor promedio mensual de Aguas Cordobesas es de 28,60 pesos, o sea por debajo del costo promedio de un celular o teléfono móvil.
La pregunta de cajón es si hay relación entre la importancia de un servicio como el agua potable y los celulares. Pero hay más todavía: la penalización por usar mil litros de más de los permitidos por quien tiene medidor es, en promedio, de un peso. ¿No es ésta una incitación a derrochar el agua a mansalva?
Más medidores, cuyo costo tiene hoy que estar a cargo del usuario –unos 150 pesos por equipo de medición– y agua más cara (con afectación específica de los recursos extra a la realización de obras imprescindibles), con penalizaciones mucho más altas que las previstas para los infractores: éste es el camino directo para enfrentar la crisis hídrica.
Y para esta emergencia quizá no haya otras alternativas que los cortes rotativos, como los que ya se están aplicando en algunas localidades del Gran Córdoba.
Lo único que no se debe hacer es quedarnos sentados a esperar que llueva, a que caigan 100 milímetros de agua en dos noches. El problema del agua potable es la cuestión de su escasez y, para enfrentarlo, los gobiernos y la sociedad deben librar una lucha en común.