Sin dudas el tema de la semana fue el agobiante calor y, por ende, la falta de agua. No se trata, únicamente, de una situación que afecta los estados de ánimos de las personas, sino, y más importante aún, la estructura que tiene la provincia para abastecer del líquido elemento a los diferentes departamentos.
Lo que genera esta situación (motorizada por el cambio climático) es poner -blanco sobre negro- una vieja disyuntiva a la cual se enfrenta el Poder Ejecutivo. ¿De qué manera lograr financiamiento que permita ampliar, modernizar y optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, sin tocar las tarifas? Una pregunta que acota sus respuestas teniendo en cuenta la compleja situación financiera y las demandas legítimas, cada vez mayores, de la población.
Lo cierto es que las autoridades de Agua de los Andes están pidiendo a gritos que se revea la tarifa del servicio, llegando al extremo de trasladar a San Martín 450 muestras testimoniales de cañerías y válvulas que requieren inmediato recambio. Lejos de desconocer la validez del pedido, desde el Ejecutivo hojean y hojean diferentes proyectos de readecuación, sin antes advertir el impacto político que traería aparejado la decisión especialmente en el seno de las organizaciones sociales que controlan, lupa en mano, cualquier medida que afecte su concepto de Justicia Social.
Discusiones reciente hablan de dos posturas, al parecer, antagónicas. Por un lado de aquellos funcionarios, de perfil privado, que defienden un aumento intempestivo para sostener el servicio y crear conciencia en la gente, a partir del “dolor de bolsillo”. “No puede ser que algunas familias paguen 19 pesos de agua y se quejen. Que le compren una tarjeta menos de celular a sus hijos y con eso aporten al sistema”, graficó un profesional de elevada exposición, haciendo uso de un lenguaje llano. Por otro lado, aquellos funcionarios de perfil táctico, apuestan a tensar la cuerda y llegar al extremo de mostrar imágenes de sequía absoluta como las vividas en Córdoba, como para lograr que la sociedad advierta que existe un desfasaje sincero en la tarifa. “Algunos tienen que ver el fondo seco de diques y ríos para que se den cuenta que el agua potable no se produce por aparición espontánea, que lo vean y después no vengan a hacer marchas para que el gobernador ordene, por decreto, la lluvia”, ironizó un secretario de Estado quien está dispuesto a llevar adelante el método causa-efecto.
Así las cosas, todo parece indicar que la crítica situación del agua en Jujuy despertó, tal vez sin otra alternativa, la necesidad de encontrarle una respuesta urgente a las demandas de Agua de los Andes, sin importar quien deba pagar el costo del cambio climático y sus efectos. Recientes llamadas telefónicas entre Casa de Gobierno, dirigentes de la oposición y oficinas ubicadas en Buenos Aires, avizoran novedades en el corto plazo.
Pero no solo está en estudio un aumento de tarifas para el servicio comunitario, sino también para el sector productivo. Desde el Ejecutivo saben que en más de una ocasión apoyaron, sin reparo alguno, la defensa de los intereses de tabacaleros, cañeros y productores de otros campos. Por eso creen oportuno solicitar un esfuerzo compartido: el agua para riego sigue siendo vital, aunque el canon que se paga por ella no es acorde a las actuales circunstancias.
Ergo, en las próximas semanas se estaría avanzando en un proyecto que permita readecuar valores, no con un fin exclusivo de recaudación, sino -usando la misma lógica anterior- con un propósito de autofinanciamiento sostenido.
Si bien se prevé que algunos operadores ya conocidos hagan su espectáculo semanal denostando la medida, desde Casa de Gobierno saben que esta vez las cartas están a su favor.