Cuando se desatan los incendios, hay que comprar helicópteros e hidrantes; cuando arrecian los delitos, hay que comprar motos para los policías; cuando se comete un fraude alevoso, hay que llamar a los notables para generar una reforma política; cuando se matan cientos de cordobeses en las rutas, venga la Caminera; cuando el transporte público colapsa, qué tal si adquirimos unos cuantos minibuses. ¿Hasta cuándo se tomarán decisiones con tanto pragmatismo? ¿Hasta cuándo el desatino de levantarse cada mañana y “ver” qué se puede hacer hoy?
Permítanme que me arrogue el derecho de estas palabras. Durante nuestra gestión en la Municipalidad de Córdoba, generamos el Plan Integral de Cloacas, que está hoy en marcha y comprende etapas con obras proyectadas a 15 años. Creamos el Plan Integral de Transporte, con inversiones y metas a ocho años, y construimos 10 grandes desagües y viaductos que resolvieron problemas de varias décadas. Hay mucho más, pero no es el tema de esta nota.
Las serranías en llamas y la dramática falta de agua en la provincia y sus centros urbanos no son problemas de Dios. Extraordinaria ha sido la labor de la naturaleza, dotando a nuestra región de recursos, desde su geografía y los paisajes, envidiables.
Los hombres hemos sabido, con irresponsabilidad e indolencia, amenazar de muerte la vida de las próximas generaciones. Pretender instalar en la opinión pública que la grave crisis hídrica que atraviesa la provincia obedece a fenómenos climáticos y al derroche de agua producido por los ciudadanos, oculta la incapacidad total de los últimos gobiernos en la planificación y gestión.
Esta situación se evidenció con la destrucción y pérdida de autarquía de la Dirección Provincial de Hidráulica y la descentralización de los servicios de agua potable a privados o cooperativas sin control.
El desmanejo se profundizó en las últimas gestiones provinciales, en las que los entes de control se convirtieron en albergues de funcionarios incapaces que vieron en la administración del agua un excelente negocio.
Testimonio de lo expresado es la reacción miserable de los gobiernos que vislumbran la magnitud del problema cíclicamente, todos los años, como si descubrieran un novedoso cataclismo.
Si Córdoba es una provincia semiárida, ¿qué hicieron los funcionarios para enfrentar el problema? Desde la desaparición de Agua y Energía de la Nación, en 1989, que construyó los grandes diques, no se realizaron aforos de ríos y los datos de caudales datan de mediados del siglo pasado.
No se efectuaron mediciones meteorológicas. De las más de 400 estaciones de monitoreo climático existentes, hoy quedan menos de 30 con datos confiables; en consecuencia, Córdoba no mide y no lleva registros, y desconoce la cantidad exacta de agua disponible y cuánto de ella se consume. ¿Cómo planificar o administrar el recurso en esta situación?
Ante el sostenido desembalse del lago San Roque, se debieron tomar medidas inmediatas, intensificando los controles, comenzando con una disminución paulatina del riego, restringiendo la aprobación de loteos hasta contar con las obras de infraestructura, realizando una oportuna y fuerte campaña de concientización, comenzando con la instalación de medidores en Capital, promoviendo el uso racional del agua, multando y castigando el derroche indiscriminado, conformando con esos recursos un fondo hídrico provincial para obras.
Como medidas de corto plazo, hay que reparar con urgencia el canal Los Molinos-Córdoba para restituir su capacidad a 8 metros cúbicos por segundo (tramo III); potenciar la planta potabilizadora de Bouwer y adecuar las redes para abastecer al 50 por ciento de la Capital desde Los Molinos y al 50 por ciento desde el San Roque; hacer eficiente el sistema de riego de Capital revistiendo canales y dando apoyo institucional a consorcios y productores, y reducir el consumo por riego, de 64 hectómetros cúbicos a la mitad, para economizar 15 por ciento del embalse.
Se debieron acelerar las obras de ampliación de la planta potabilizadora La Calera y comenzar con los acueductos para Salsipuedes y Agua de Oro, todavía sin solución.
Un experto en la materia podría ahondar en los detalles, pero es muy clara la casi condición de delito que supone la imprevisión, cuando de administración pública se trata. El síntoma fatal se repite en la salud y la educación. No existen en la provincia índices de repetición escolar, ni de deserción, ni de estratificación de la población escolar. La pobre visión de nuestros gobernantes sólo exhibe su agudeza ante tribunas electorales y la necesidad demagógica y desesperada de sostener un poder que se cimenta en el barro.