La Justicia pidió la intervención de todas las fuerzas de seguridad para garantizar el efectivo cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, exigido por la Corte Suprema a los estados nacional, bonaerense y porteño.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de la ejecución de la sentencia del máximo tribunal, intimó al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a que "tomen las medidas necesarias" de manera inmediata para cumplir con el fallo.
El plazo fijado para que dichos organismos presenten el plan de intervención de la Policía Federal, de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la Prefectura Naval y de la Gendarmería es de 10 días y los funcionarios podrían ser multados de no cumplir con lo exigido por el magistrado.
Una de las acciones principales que deberán encarar las fuerzas de seguridad será la de acompañar el proceso de liberación del camino de sirga, los 35 metros libres que deben existir entre el río y el terreno urbanizado.
La semana pasada, durante una recorrida realizada por la Asociación Vecinos de La Boca y por la inspección del propio juzgado pudieron observarse las realidades complejas a ambos lados del río. "Hay distintas situaciones: casas más viejas, construcciones nuevas y por construir. Pero esa gente no puede estar ahí, es dañino para su salud", indicó una fuente con acceso al expediente.
En las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado junto con el defensor del pueblo de la Nación fueron cautelosos frente a la nueva medida dictada por la Justicia y sostuvieron que están analizando el tema.

Reubicar
Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de La Boca, sostuvo: "Con la ley adelante, el Estado tiene que estar presente. No puede seguir haciéndose el tonto. Sacar a la gente de ahí es quitarlos de la contaminación. Lo que viven hoy es abandono de persona. Hay que hacer un camino de sirga, hay que reubicarlos y que puedan vivir en un lugar mejor".
El fallo sostiene que el pedido se debe a que la limpieza de la cuenca implica trabajos en "zonas socialmente conflictivas", por lo que "se hace indispensable" la intervención de las fuerzas de seguridad.
También pone el énfasis en que teniendo en cuenta "la magnitud y el carácter interjurisdiccional de la presente ejecución de sentencia" es necesario que las diferentes fuerzas "aúnen sus esfuerzos para consensuar la acción conjunta en caso de ser necesario".
Armella intimó a fines del mes pasado al intendente de Lomas de Zamora a desalojar la sirga en el predio de La Salada, una de las zonas más conflictivas. Para cumplir tiene 30 días de plazo, so pena de ser multado con 5000 pesos diarios.
La Corte también se expidió respecto de las competencias de Armella. En el fallo, que se conoció ayer, estableció que no podrá hacerlo en las causas penales.