El juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tiene a su cargo la causa por el saneamiento del Riachuelo, le ordenó a la Nación y la Provincia de Buenos Aires que cuiden las obras de limpieza de la cuenca con las fuerzas públicas de seguridad. Si no lo hicieran, los funcionarios a cargo serán multados.
Según falló Armella, el Ministerio de Justicia de la Nación, el de la Provincia y la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) deben darle intervención a la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería y Prefectura para que garanticen la continuidad de las obras de limpieza de la vera del curso de agua a la altura de Lanús.
La orden de enviar a las fuerzas de seguridad obedece, para el juez, a que las obras se están llevando adelante en zonas "socialmente conflictivas".
El martes 27 de octubre, Armella le ordenó al secretario nacional de Ambiente y titular de la ACUMAR, Homero Bibiloni, y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, a que en cinco días construyeran un muro perimetral en un complejo industrial. También les exigió que dejaran libre lo que se conoce como "camino de sirga", un espacio de 35 metros desde la orilla donde no pueden haber edificaciones. Si no lo hacían iban a ser multados con $ 5.000 por día de atraso. Además, emplazó a Bibiloni y al entonces intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, a que desalojaran edificaciones precarias a la altura de La Salada.
El plazo judicial pasó, pero Armella hizo el lunes 2 de noviembre una inspección en el lugar y comprobó que las obras habían comenzado, por lo que dejó las sanciones económicas en suspenso.
El juez federal fue designado por la Corte Suprema para que haga el seguimiento del fallo de la causa "Mendoza", por la cual en julio del año pasado la Corte Suprema le ordenó a la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires que presentaran y llevaran adelante un plan para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Hasta les estipuló un cronograma de obras y objetivos, varios de los cuales no fueron aún cumplidos.