La empresa Aguas de La Rioja recibió duras críticas por parte de los representantes de organismos que se presentaron en la audiencia pública convocada por el Gobierno por la presentación del servicio de agua y cloacas en Capital, Chilecito y Chamical.
Hubo coincidencia en la solicitud de rescisión del contrato que el Estado provincial mantiene con la empresa concesionaria del servicio.
Participaron de la audiencia que tuvo lugar en Espacio 73 representantes del Ente Único de Control de las Privatizaciones (EUCOP), la Federación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento, el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios, la Unión Cívica Radical, la Cámara Argentina de la Construcción, el Defensor de Pueblo de Chilecito y la concejal capitalina, Ernestina Cubiló.

Gestión
La empresa defendió su desempeño en la Provincia al decir que siempre cumplió el servicio, que aumentó la dotación de agua por habitante y que obtuvieron logros a pesar de los atrasos tarifarios y las dificultades de la geografía el clima local.
Aguas de La Rioja busca que el Gobierno provincial se siente a renegociar el contrato para equilibrar la concesión. Luis Martínez en representación de la firma dijo que en La Rioja por sus condiciones climáticas el agua es un recurso difícil de obtener y que brindar el servicio es más caro que en resto del país.
Recordó que, en el año ‘99, cuando obtuvieron la concesión del servicio no había una buena prestación, el mantenimiento era escaso y 70 por ciento de los usuarios no pagaba la boleta del agua.
También rescató el servicio de atención al cliente y habló de una inversión en cinco años de 22 millones de pesos. Aguas de La Rioja reclamó al Estado una deuda de 30 millones de pesos.

Defensor del Usuario
A diferencia de la empresa, Ernesto Paolini, defensor del Usuario presentó una panorama lapidario en contra de Aguas de La Rioja.
Paolini sostuvo que la empresa incumplió metas y disposiciones legales establecidas en el contrato de concesión, que presta los servicios en forma deficiente, incurrió en graves negligencias, discrimina a los vecinos de los barrios que no tienen agua potable ni cloacas y brinda información insuficiente sobre sus actividades.
En su informe, el funcionario añadió que la intervención a la empresa se encontró con 12 perforaciones fuera de funcionamiento en la Capital y constató que los arreglos y el mantenimiento de las redes se hace en forma incorrecta y con elementos inadecuados.
El defensor consideró que las deficiencias advierten la posibilidad del colapso del servicio con sus consecuentes riesgos para la salud pública.
También cuestionó la calidad de la atención al público en las oficinas comerciales, al deficiente funcionamiento de su centro de llamadas telefónicas y la "falta de respuestas" ante las necesidades de los usuarios.
El Defensor del Pueblo de Chilecito y la UCR también pidieron rescindir el contrato con la empresa. Oscar Veira habló del mal servicio en el sistema de cloacas y advirtió que solamente en Chilecito se colocaron los medidores. También aseguró que la empresa tuvo el tiempo suficiente para demostrar su eficiencia y no lo hizo.
El radicalismo por su parte dijo que el directorio tiene sueldos altos; que es deficiente el servicio, especialmente en Chamical; y responsabilizó al Gobierno por no ejercer los controles correspondientes.