El juez federal de Quilmes, Luis Armella, designado por la Corte Suprema de Justicia para ejecutar la sentencia sobre el saneamiento del Riachuelo, exigió la participación de las Policías Federal y Bonaerense, Prefectura y Gendarmería, para garantizar que se lleven a término los programas de limpieza de las márgenes, sobre todo en zonas conflictivas donde hay asentamientos, cirujeo o vuelcos ilegales en el espejo de agua.
El secretario del juzgado Pablo Wilk dijo que lo que busca el fallo es ir protegiendo los espacios que se vayan recuperando, y que hoy son basurales o asentamientos precarios y para esto –afirmó– es necesaria la presencia de las fuerzas de seguridad para evitar intrusiones, también en el camino de la sirga en la margen de la provincia, que está avanzado, y en la margen de la Capital que las empresas deben liberar. Asimismo –aclaró–, es necesario el control de los carros de cirujas y de los volquetes que descargan basura en el Riachuelo y sus riberas.

Desalojos
En cuanto a eventuales desalojos, sólo habría una actuación policial si la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) lo pide expresamente al juzgado para una zona en particular. Pero, aseguró Wilk, “nosotros queremos que haya consenso, que la gente acepte otras viviendas y se retire por entender que peligra su salud y las de sus hijos, aunque es cierto que muchas veces no se quieren ir”.
Al respecto, en su resolución, Armella destacó que los proyectos para llevar adelante la limpieza de la cuenca “deben ser efectuados en muchos casos sobre zonas socialmente conflictivas, como zonas intrusadas públicas y privadas, asentamientos precarios y demás”.
El fallo, resaltó Wilk, también pide un trabajo de concientización ambiental y de colocación de contenedores porque “se limpia, y luego es la misma gente del lugar la que vuelve a ensuciar el sitio donde vive”, aseveró el funcionario judicial.
En paralelo, un fallo de la Corte le dio ayer todo el poder al juez Armella para actuar en la Cuenca en materia de protección colectiva ambiental, en un fallo que le ordena a la Cámara Federal de la Plata que se abstenga de actuar como tribunal de apelaciones, ya que en ese caso y en forma excepcional, esa categoría la reviste la propia Corte.
Armella intimó al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Acumar, que encabeza el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, a que “en forma inmediata” ejecuten todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas dictadas, en el marco de la ejecución de aquella sentencia del Máximo Tribunal.
Además, fijó un plazo de 10 días para que esas dependencias presenten una planificación sobre cómo será la intervención de la Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval y Gendarmería, todo bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables. Aunque Wilk aclaró que “la meta es que se cumpla, y no convertirnos en un ente recaudador”.