El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, pidió la intervención de todas las fuerzas de seguridad para garantizar el efectivo cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, exigido por la Corte Suprema de Justicia en la causa Mendoza.
Así, el magistrado intimó al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a que "en forma inmediata" ejecuten todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas dictadas, en el marco de la ejecución de aquella sentencia del Máximo Tribunal.
Además, fijó un plazo de diez días para que esas dependencias presenten una planificación sobre cómo será la intervención de la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, todo bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables.
En su resolución, firmada ayer, Armella destacó que los proyectos para llevar adelante la limpieza de la cuenca "deben ser efectuados en muchos casos sobre zonas socialmente conflictivas, como zonas intrusadas públicas y privadas, asentamientos precarios y demás".
Y teniendo en cuenta que existen antecedentes de intrusiones y conflictos, "se hace indispensable que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires provean a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la atención de las medidas de seguridad que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos; debiéndose prevenir y proteger las áreas recuperadas, como ser basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás", agregó.
En tanto, el magistrado reiteró la necesidad de que ACUMAR, el Estado nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y los 14 municipios que abarca la cuenca "asuman el compromiso que les fuera encomendado por el Alto Tribunal para el saneamiento de ese estuario, lo que incluye en ese caso específico asegurar la conservación de dichos espacios, manteniéndolos limpios, seguros y parquizados".
A esos fines, añadió, se deberán coordinar y ejecutar medidas en cuanto a la correcta recolección de residuos, la facilitación de la construcción de obras para los márgenes del Riachuelo y señalización de caminos, entre otras.
En definitiva, lo que el juez exigió "no es más ni menos que el cumplimiento acabado y concreto de las funciones que, dentro de sus órbitas de competencia, por imperio de la ley les han sido impuestas a las autoridades gubernamentales intervinientes… y a las que deben el compromiso y los esfuerzos necesarios para su concreta efectivización, en virtud del mandato que los ciudadanos les han confiado".

Educación

En la misma resolución, Armella exigió a los estados responsables "una amplia tarea de concienciación y educación de la población de toda la cuenca hídrica… lo que requiere serias y fácticas decisiones políticas perdurables en el tiempo, para llevar adelante una estrategia implementadora de tales objetivos, acordes con los parámetros de protección ambiental que requiere la particular y compleja situación de contaminación que asecha al Riachuelo.
"Ha llegado el momento que los pobladores de las zonas ambientalmente críticas tomen la debida conciencia de lo imprescindible que resulta preservar el medio ambiente; de lo contrario, toda medida tomada en pos de su recuperación resultará inútil o insuficiente, puesto que el resguardo ambiental requiere de medidas concretas a tomar en forma conjunta entre los miembros de la sociedad, para evitar al máximo el avance de los agentes contaminantes", enfatizó.

El Máximo Tribunal fijó pautas sobre competencia judicial en la polémica causa
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso en qué casos corresponde la intervención del Juzgado Federal de Quilmes, así como el régimen recursivo, en el marco de la causa Mendoza, donde el Máximo Tribunal ordenó llevar adelante un plan de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo.
La medida busca "evitar el planteamiento de conflictos de competencia que comprometen directamente la pronta terminación de los procesos requerida por la más eficaz administración de justicia y por la adecuada tutela de las garantías constitucionales de los justiciables".
Ello, porque tras el dictado del fallo Mendoza, del 8 de julio de 2008, donde se atribuyó la competencia al Juzgado Federal de Quilmes y un régimen recursivo especial, "se vienen suscitando ciertas divergencias interpretativas entre tribunales de distinta naturaleza, sede y grado acerca del recto alcance de las reglas establecidas".
Así, la Corte delineó los casos en que el Juzgado Federal es competente, entre ellos están las causas que no sean de naturaleza penal y concernientes a la ejecución de la sentencia sobre pretensiones que tuvieran por objeto la prevención y recomposición del medio ambiente dañado en la cuenca hídrica, y los promovidos para obtener la revisión judicial de las decisiones de ACUMAR.