Paolini expuso este miércoles en el marco de la Audiencia Pública previa a la renegociación de la relación contractual entre el Estado Provincial y la concesionaria por la prestación de los citados servicios. La reunión se realizó en el Salón “Espacio 73” y contó con la presencia del ministro de Infraestructura Javier Tineo, el vicepresidente, a cargo, del Ente Único de Control de las Privatizaciones, (EUCOP), Félix Moya y representantes de la empresa Aguas de La Rioja y otros actores interesados en el tema.
En su exposición, Paolini sostuvo que la empresa incumplió metas y disposiciones legales establecidas en el contrato de concesión, presta los servicios en forma deficiente, incurrió en graves negligencias, discrimina a los vecinos de los barrios que no tienen agua potable ni cloacas y brinda información insuficiente sobre sus actividades.
Asimismo, advirtió que la empresa no tomó los recaudos necesarios para enfrentar la sequía que afecta a sus áreas de cobertura, lo cual comprometió “seriamente” la prestación del servicio de agua potable con su consecuente riesgo de “colapso”.
En su informe, el funcionario añadió que la intervención a la empresa se encontró con 12 perforaciones fuera de funcionamiento en la Capital y constató que los arreglos y el mantenimiento de las redes se hace en forma incorrecta y con elementos inadecuados.
El defensor señaló además que estas deficiencias conllevan la posibilidad del colapso del servicio con sus consecuentes riesgos para la salud pública y enfatizó que la situación hídrica en Chamical es “crítica y grave”. Luego, indicó que la planta de la ciudad llanista recibió un mantenimiento deficiente y que en la de Chilecito se detectaron fallas edilicias.
Posteriormente, cuestionó la calidad de la atención al público en las oficinas comerciales, al deficiente funcionamiento de su centro de llamadas telefónicas y la “falta de respuestas” ante las necesidades de los usuarios.
También defendió la vigencia y continuidad de la tarifa social, al sostener que no sólo beneficia a los usuarios que no pueden abonar este servicio, sino también a la empresa; teniendo en cuenta que representa el 80 por ciento de la factura del 30 por ciento de los abonados.

Tarifas
En materia tarifaria, Paolini entendió que “Aguas de La Rioja” no debe especular con obtener una rentabilidad extraordinaria porque tiene a su cargo un “monopolio natural”, ante el cual, los usuarios no tuvieron la posibilidad de elegir entre varios oferentes.
Opinó además que el nivel de rentabilidad de la empresa debe ser “justo y razonable” a partir de un trabajo eficiente y prudente y criticó el fuerte gasto en consultoría externa a la firma.
También rechazó la pretensión de la empresa de convocar a una revisión extraordinaria de las tarifas por la modificación de la estructura de costos, al sostener que cuando esta alteración fue favorable a los intereses de la firma se produjo una “exorbitante rentabilidad” que no se plasmó en una mejora del servicio.
Paolini advirtió además que Aguas de La Rioja incumplió el compromiso de colocar medidores al 95 por ciento de los usuarios y pretendió cobrar un excesivo costo por cada medidor instalado. En este marco, consideró que la falta de estos aparatos afecta al Estado porque implica una reducción del canon que percibe de parte de la empresa por haberle otorgado esta concesión.
Por último, señaló que la empresa concesionaria debe contar con un stock de elementos e insumos necesarios para brindar el servicio en condiciones normales y aclaró que los problemas de cobro deben ser afrontados por la misma concesionaria.