Los cuatro artículos correspondientes al financiamiento del sistema están “sin reglamentar”, situación que revista el 60 por ciento de los 33 artículos del Anexo que no fue consultado con las entidades, propósito inicial que después quedó desestimado al romperse el diálogo entre el Gobierno y los cuerpos técnicos gremiales.
La norma tiene por objetivo prevenir y mitigar los daños causados por la naturaleza a la producción campesina.
En el articulado de la medida, el Poder Ejecutivo estableció que el Ministerio de Agricultura implementará la integración del Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria en un plazo de 90 días corridos, a partir de la publicación del decreto.
También se creó el Registro Ènico de Productores Agropecuarios, que es un sistema de información estandarizado que permite individualizar a cada uno de los chacareros que han sido afectados por condiciones climáticas.

SITUACIÓN. Los 20 días hábiles, dice el artículo sexto, para que se expida la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios “se contarán a partir del día siguiente al del tratamiento de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario provincial, en la reunión de dicha Comisión”.
En el artículo 7 advierte que se entenderá que una situación es de carácter permanente, “cuando la producción o capacidad de producción de la zona afectada por un factor adverso no resulte posible de recuperación con la aplicación de técnicas ordinarias”.
Mientras tanto, la situación de emergencia agropecuaria persiste en varias regiones agrícolas del país, a causa del cambio climático que impide las estimaciones ajustadas de cosechas, siembras y la disponibilidad de pasturas y agua para el ganado.
De acuerdo con el análisis del reciente Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales (PAS) al que tuvo acceso Noticias Argentinas, las lluvias dejaron nuevamente sin agua a las “importantes regiones trigueras del sudeste y sudoeste de Buenos Aires”.

MEDIDAS. Omar Príncipe, director gremial de Federación Agraria Argentina dijo ayer a NA que ahora esperaban, dado lo conversado por dirigentes de esta entidad con el ministro de Agricultura nacional, Julián Domínguez, que se publicara un “decreto por el cual se suspendan durante los próximo 180 días las intimaciones y ejecuciones del Banco Nación”.
Se trata de medidas que recaen sobre productores cuyos campos están ubicados en zonas de emergencia o desastre agropecuario y “que a pesar de su declaración provincial no cesan de recibir intimaciones bancarias”.
La reglamentación de la Ley había sido solicitada por las entidades que integran la Mesa de Enlace, pero también pidieron discutir sus términos.
Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, adelantó en Rosario a NA que “hay situaciones muy complicadas” y que “hay muchos sectores del país que están sufriendo una enorme seca”.
“Por lo que en los próximos días estamos recorriendo zonas afectadas por la sequía y tratando de llevarle algún tipo de alivio al escuchar los diagnósticos”, dijo.
Con 7.75 millones de toneladas de trigo estimadas, se trata de la peor cosecha de trigo de los últimos cien años.