Ya está en marcha el conteo de la cuenta regresiva que terminará con la salida de la empresa Aguas de La Rioja. Como era de prever, en la audiencia pública convocada por el EUCOP el miércoles pasado, fue unánime el reclamo de todos los expositores que solicitaron lisa y llanamente la rescisión del contrato que le otorgó el servicio hace más de una década al grupo Latinaguas, que pertenece al correntino Chamas.
En la reunión que se llevó a cabo en el Espacio 73, todos (representantes del EUCOP, la Federación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento, el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios, la Cámara Argentina de la Construcción, el Defensor de Pueblo de Chilecito y la concejal capitalina, Ernestina Cubiló) coincidieron en hacer muy duras críticas. La postura del radicalismo fue en general similar a las otras, aunque sus representantes apuntaron también a la responsabilidad del Gobierno actual y el de Angel Maza en la decadencia del servicio.
Aquí debe hacerse una digresión, pues por contrato el Estado cuenta con un representante en el directorio de la empresa y nadie explica cómo pudo agravarse tanto la situación sin que hubiera una advertencia a tiempo, para evitar la crisis actual.
Como en todos los temas que atañen a su administración, el futuro de la concesión del servicio de aguas y red cloacal será resuelto por el propio Luis Beder Herrera quien, curiosamente, desde el regreso de su viaje por Buenos Aires por cuestiones de salud no se pronunció oficialmente sobre esta cuestión. En su entorno informan que espera a conocer el informe del EUCOP sobre la audiencia para dar a conocer su opinión.
Sin embargo, la andanada de declaraciones de diputados, intendentes y funcionarios cuentan con su aval directo. Entre todas esas voces, faltaron llamativamente la vicegobernadora Teresita Luna y el intendente Ricardo Quintela, quienes últimamente han cerrado filas con el oficialismo.
Hace rato que en la Casa de las Tejas se evalúa la forma bajo la cual operaría la nueva empresa, en un formato que será de sociedad anónima o una gestión mixta, variante ésta que crece de acuerdo al fuerte papel que se quiere adjudicar al Estado en esta etapa. Esta semana, los equipos gubernamentales acelerarán los análisis sobre estas cuestiones para buscar una definición.
En el Gobierno están conformes con el desempeño de la intervención, afirman que ha mejorado el servicio y que, como antes, todas las inversiones están a cargo del Estado provincial. Es por todo ello que, en caso de definirse la salida de Aguas de La Rioja, se evalúa mantener el esquema actual en la dirección de la empresa, esperar a que pase el tiempo crítico del verano, a que baje la demanda y se resuelvan algunas cuestiones estructurales, para recién con la llegada del otoño preparar el desembarco de algún privado que quiera hacerse cargo del servicio. Parafraseando a Alsogaray, hay que pasar el verano.
Por otra parte, en Aguas de La Rioja la visión es completamente distinta. La evaluación interna sobre la audiencia pública es positiva y sus directivos aspiran a quedarse y a mantener la concesión. Queda a la vista que la empresa ha decidido mantener un perfil muy bajo y se limitó a exponer su posición en el Espacio 73 el miércoles.
Lo que podría sobrevenir a la revocación del contrato es una larga batalla legal, ya que la empresa argumenta que se le deben sumas millonarias, mientras que el Estado la acusa de incumplir con la inversión y el mantenimiento necesarios para sostener el sistema en Capital, Chilecito y Chamical, donde brinda el servicio.

Reforma judicial
La otra cuestión importante que seguía pendiente para el Gobierno de la Provincia era la Reforma Judicial, que comenzó a resolverse con la sanción de un paquete de leyes con el que se inicia este proceso.
Entre otras cuestiones, se incluye el juicio abreviado, el juicio por flagrancia, la suspensión de la causa previa y el principio de oportunidad. También se crea la figura del Administrador, que tomará todas las tareas administrativas de los jueces. Los casos de menor cuantía quedarán en manos de jueces de paz legos. Asimismo, se aprobó un ambicioso plan de modernización informática para el Poder Judicial, que insumirá unos doce millones de pesos.
Una vez más, los legisladores sancionaron estas importantes normas a libro cerrado, es decir sin debatir ni dar a conocer su articulado en la sesión. Aunque luego se brindaron conferencias de prensa y partes oficiales, este procedimiento se ha convertido en una costumbre que dificulta la labor de la prensa y, por extensión, la difusión de importantes actos de Gobierno.

Cambios en el gabinete
En términos políticos, la cuestión que atraerá la atención de todos en la semana que comienza es la nueva integración del gabinete, obligada por la renuncia de dos ministros que asumirán como diputados provinciales el próximo martes 24. Para ese día, Beder Herrera deberá tener resueltos los reemplazos de Carlos Luna en Gobierno y de "Pocho" Brizuela en Desarrollo Social.
Las especulaciones respecto de estos reemplazos son las mismas en las últimas semanas. Cabe la posibilidad de que el chileciteño Fernando Rejal sea designado en Gobierno, a pesar de las resistencias, aunque siguen sonando nombres como los de Durán Sabas y Gastón Mercado Luna para ese puesto. En Desarrollo Social hay todavía menos definiciones, pero fuentes de confianza del Gobernador aseguran que está descartado que realice un amplio recambio de funcionarios.
Por un lado, están firmes las carteras de Hacienda y Educación, con los ministros Guerra y Walter Flores respectivamente. Pero cabe remarcar que, desde hace mucho tiempo, se señala que habría modificaciones en el área de Salud, a cargo de Gustavo Graselli, así como en los últimos días se analiza como una posibilidad llevar a Infraestructura a una secretaría, en caso de producirse el relevo de Javier Tineo.
Esta danza de nombres es, por ahora, sólo eso, ya que las decisiones las tomará Beder Herrera en persona y, como lo ha demostrado antes, sus pensamientos son inescrutables y sus determinaciones repentinas.