El miércoles se cumplió finalmente con la audiencia pública para revisar el contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas en la Rioja, Chamical y Chilecito.
La mayoría de las expresiones vertidas fueron en contra de la empresa y a favor de que el Estado rescinda el contrato y retenga la prestación del servicio en toda la provincia.
A pesar de las intenciones de la Audiencia y de sus gestores, el Ente de Control de las Privatizaciones, hubo pocos expositores en la jornada que se desarrolló en el salón del Espacio 73.
El representante de la empresa, Luis Martínez, reclamó una deuda de 30 millones de pesos del Estado riojano y defendió el accionar de la firma que en los últimos 10 años dijo haber invertido más de 22 millones de pesos en los tres departamentos concesionados, haber elevado el nivel de pago de la factura y haber gestionado en forma acertada el recurso en una provincia cuyas características geográficas e hídricas le son desfavorable.
Pero las palabras de Martínez solo encontraron solidaridad en el Consejo Federal e Entidades Servicios Sanitarios -la cámara empresaria que nuclea a las concesionarias de aguas del país- que echó mano del desface de tarifas para defender a su asociada local.

Contrapunto
Por su parte el titular de la intervención del servicio, Juan Luna Corzo, recalcó que "la expectativa del Gobierno provincial es que el servicio básico de agua esté asegurado, más allá de los derechos adquiridos de la empresa que se sustentan en el contrato firmado". Además aseguró que la prestataria "dice que tiene un número de perforaciones y que algunas están fuera de funcionamiento para racionalizar el agua y no es así. Las tiene fuera de funcionamiento porque no han tenido ni cuidado merecido ni las inversiones necesarias para ponerlas otra vez en funcionamiento".
En tanto Ernesto Paolini, defensor del Usuario, que sostuvo que la empresa incumplió metas y disposiciones establecidas en el contrato. Y la UCR y el Defensor del Pueblo de Chilecito que caratularon como malo el servicio y responsabilizaron al Gobierno por la falta de controles.