El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), AySa y la Municipalidad de Esteban Echeverría a proveer de agua potable al Barrio San Ignacio, luego de que constatara que varios de los pozos de agua de la zona están contaminados con cromo. Por otro lado, la Secretaría de Salud local llevará a cabo un “censo sanitario” para determinar las posibles patologías que se desarrollaron a raíz de la sustancia contaminante.
Tras las denuncias por contaminación con cromo de los pozos de agua del Barrio San Ignacio, en Esteban Echeverría, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, intimó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), AySa y la Municipalidad a “proveer de agua potable a la población de 5.800 a 6.200 vecinos de la zona”.
En ese sentido, condenó "solidariamente" a las tres entidades, que deberán instalar -en un plazo de 20 días y mancomunadamente- tres tanques de 14.000 o 15.000 litros de agua. En tanto, el Municipio deberá continuar llevando diariamente los camiones cisterna con 8.000 litros que son distribuidos a la los residentes del lugar, más un refuerzo los martes y sábados.
Por otro lado, ACUMAR manifestó que “en un plazo de 8 meses se concretará un plan para la provisión de agua segura mediante una obra que estará financiada por PROMEBA”, que es el Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En ese contexto, advirtieron que “el proyecto ya fue aprobado y el viernes se llamará a una audiencia pública”.
Además, se anunció que el Municipio y la Provincia firmaron un acuerdo referente a la inclusión del Barrio San Ignacio en el PROMEBA II, que tiene como objetivo consolidar a la población beneficiaria en el lugar que habitan, brindando acceso a la propiedad de la tierra, contribuyendo en la provisión de obras de infraestructura urbana, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental, y promoviendo el fortalecimiento de su capital humano y social.
Mientras que, a largo plazo, “la provisión definitiva de agua está contemplada en el plan director de AySa”.
“El juez Armella dictó una medida cautelar y condenó solidariamente a los tres organismos a proveer suficiente cantidad de agua potable y a garantizar el derecho de la emisión de agua a los vecinos del Barrio San Ignacio. De acuerdo al fallo la Asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia y los miembros de la agrupación Vecinos Solidarios tenemos que informar a la población que el agua no es apta para el consumo y los residentes de la zona deben consumir el agua que proveen los camiones cisterna”, afirmó Paula Bargas, abogada de ACIJ, que asesora judicialmente a los vecinos del barrio. Y agregó: “En un principio habíamos demandado sólo a ACUMAR, pero el Juez decidió integrar y demandar a AySa y al Municipio también”.
Por otro lado, la Secretaría de Salud local llevará a cabo un “censo sanitario” para determinar las posibles patologías que se desarrollaron a raíz de la sustancia contaminante.
“Realizaremos un censo sanitario en el barrio para ver en qué situación sanitaria se encuentran los vecinos y determinar las posibles patologías que se desarrollaron a raíz de la contaminación del agua con cromo. El fin de los análisis, que llevaremos a cabo con el área de epidemiología, será observar la prevalencia de enfermedades en las inmediaciones al Arroyo Ortega”, detalló Sergio Salduto, titular de la secretaría de Salud del Municipio, en diálogo con Info Región.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cromo es cancerígeno, irrita la piel y las mucosas y una exposición continua produce un daño permanente en los ojos.