La provincia de Santa Fe tiene una ley que prohibe la comercialización de agua dulce a granel (no la envasada), potabilizada o no, cuando su fin último -directo o indirecto- sea su exportación. La norma permite excepciones por razones humanitarias e incluye duras multas a quienes la infrinjan. Ha despertado un fuerte interés público.
Un debate interesante la precedió: tanto en Senadores -donde el senador Ricardo Kaufmann la impulsó- como en Diputados, que la mejoró según su propio autor, con algunas añadiduras.
¿Puede una ley significar un avance respecto de asegurarla para las generaciones futuras? ¿Puede el agua cuidarse por ley? En rigor, esta ley o cualquier otra es una contribución módica, limitada. Acaso su mayor mérito consista en convocar a la fuerza de las palabras. A sus poderes persuasivos. Porque toda prédica en favor de cuidar el agua colabora con su preservación.
La operatividad de la norma para preservar el recurso, en cambio, luce menos probable... No hay exportadores de agua cruda (o potable) a granel a la vista, más allá de algunas versiones muy poco creíbles respecto de barcos que la cargan en el río y luego la venden en cifras millonarias en oriente. Si se da crédito a los dólares de esas informaciones, resultaría más rentable la exportación de agua que de commodities.
El valor de la ley en cuanto a su operatividad -en todo caso- es el de la anticiparse a un eventual escenario de ese tipo.
Por otra parte, no es la extracción de agua de los ríos el principal problema que enfrentan los recursos hídricos, sino todo el veneno que se les agrega: debe pensarse en los efluentes industriales sin tratamiento, en los vertidos cloacales crudos que casi sin excepción producen todas las ciudades santafesinas, en los restos de productos químicos de los campos que -lluvias y drenajes naturales o artificiales mediante-, siempre terminan en el punto más bajo: en los ríos, los arroyos y las lagunas.
Del mismo modo, debe señalarse que es mucho mayor el problema ambiental generado por la modificación del entorno ribereño y de la región para los ríos que la alteración que pueda significar la extracción de agua cruda: la pérdida de bosques nativos es la pérdida de áreas húmedas, y por lo tanto de lluvias y del ciclo del agua dulce.En la protección del bien agua, es clave la protección del sistema natural que la ofrece en abundancia en el Litoral.
La vía del absurdo puede ser una respuesta a cierta alarma pública por una eventual apropiación del agua del Paraná por parte del temible mercado mundial. ¿Qué se hace hoy con sus 19 mil metros cúbicos por segundo de agua dulce? Su destino es el salado mar. Lo valioso es que el sistema del Paraná perdure, lo que exige muchos esfuerzos además de una norma, que -tanto por sus intenciones como sus eventuales efectos- debe ser considerada un buen comienzo.