Se trata de un reclamo que data de cuando el servicio era prestado por la empresa Aguas de Salta y que no ha sido modificado bajo la administración de Aguas del Norte, a pesar de tratarse de una empresa cuyo capital accionario está mayormente en manos del Estado.
La iniciativa de Marocco busca reformar el artículo 34 del marco regulatorio para la prestación del servicio de agua bajo el que se sigue rigiendo la sociedad anónima de capital estatal. Allí, se establece que “los inmuebles ubicados en las zonas servidas, aún cuando carezcan de instalaciones domiciliarias o estuvieren desocupados, incluyendo inmuebles baldíos no conectados”.
De esta manera, un sinnúmero de inmuebles que no están conectados a la red de agua están pagando por un servicio que no reciben.
Según explica Marocco en los fundamentos de la norma, “esta prerrogativa (es) superior a la de los otros servicios públicos, violando en forma clara el principio de igualdad y el derecho de propiedad, amparado tanto por la constitución nacional como la provincial”.
“Es así como esta norma crea un tributo sui generis que hasta ahora era desconocido, una zona gris entre un impuesto y una contribución por mejoras. Utilizando tal criterio seria viable que cada municipalidad de la provincia cobrara a la empresa prestadora el uso de la vía publica”, agrega el legislador del PV.
Además, Marocco explica que entre las características de la retribución de los servicios públicos se encuentra la “efectividad”, es decir, que “solo debe abonarse tal retribución si se presta el servicio, caso contrario su cobro es ilegitimo”.
El diputado recordó que muchos propietarios de terrenos baldíos han sufrido intimaciones y ejecuciones por parte de la empresa concesionaria por deudas de un servicio que no utilizaron al no estar conectados.