El gobierno nacional creó un programa de fomento de obras hidroeléctricas que le da a los futuros concesionarios de la presa neuquina Chihuido I garantías de que recibirán por la energía que generen un precio adecuado para poder repagar el financiamiento y recuperar las inversiones.
Mediante una resolución, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, creó el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, que "tendrá como objetivo principal incentivar y sostener la construcción de centrales hidroeléctricas, cuya duración será la necesaria para permitir la finalización de la totalidad de las obras que se incorporen", se lee en la norma.
Chihuido I es en este momento el proyecto de ingeniería de presas más importante que tiene el país. Cóndor Cliff, en el río Santa Cruz, podría ocupar el mismo lugar si no fuera que tiene ventajas comparativas muy inferiores a la presa neuquina.
Según publicó ayer el diario de Buenos Aires La Nación, la obra neuquina es una de las posibles beneficiadas por este programa.
En el artículo segundo de la resolución, Cameron habilitó la firma de acuerdos tarifarios entre Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, la autoridad de despacho que maneja el gobierno nacional) y los operadores de las centrales hidroeléctricas seleccionadas para integrar el programa.
Las "condiciones particulares" de esos contratos de compra de energía "serán determinadas por esta secretaría en ocasión de informar las centrales hidroeléctricas a los que les serán aplicables", dispuso Cameron.
Es clave para los cuatro grupos económicos que pugnan por quedarse con la construcción, operación y mantenimiento de Chihuido I (en breve se conocerá la preadjudicación) es sumamente importante el hecho de que esos contratos de precios "tendrán como objeto, entre otros, el repago de las inversiones realizadas y del financiamiento utilizado para la concreción de todas las obras hidroeléctricas incluidas en el programa".
Cammesa administra, entre otras cosas, la relación comercial entre la generación y el transporte con la distribución y, sobre todo, lo usuarios finales, Lo que ocurre es que hace años que las tarifas reguladas no reflejan los verdaderos costos desregulados del mercado.
Así, el sistema tiene una deuda de 10.000 millones de dólares con los generadores, según determina La Nación.
El mejor precio que le den a Chihuido no podrá ser cubierto con subsidios sino que pasará directamente, aunque con impacto diluido, al precio de la luz en todo el país.