La semana pasada, el Gobierno nacional confirmó el envío a la provincia de $1,5 millones para continuar con los trabajos técnicos de la demorada presa Portezuelo del Viento, cifra que aparece como irrisoria a la luz de los acuerdos firmados para realizar esa megaobra.
A tres años de que Julio Cobos y Néstor Kirchner acordaran un financiamiento de $1.000 millones, a cambio de que Mendoza desistiera de un juicio por los perjuicios de la promoción industrial, ya deberían haberse acumulado más de $400 millones para levantar la represa en el Sur.
Sin embargo, con los fondos enviados recientemente, que fueron confirmados por el ministro Francisco Pérez, Portezuelo del Viento no llega a tener $10 millones en la actualidad.
Tal situación provocó en las últimas semanas la reacción del fiscal de Estado adjunto, Joaquín de Rosas, quien ratificó a Diario UNO su intención de accionar ante el Gobierno nacional por el incumplimiento.
Pero el ímpetu del funcionario que defiende los intereses del Estado tiene un límite: el propio Cobos, al poco tiempo de acordar con Kirchner el fin de la disputa por la promoción industrial, firmó con el Ministerio de Planificación un convenio que cambiaba radicalmente las condiciones establecidas en el acuerdo original, que fue muy promocionado y se rubricó en agosto de 2006 en San Rafael.
Ese nuevo acuerdo, suscripto el 27 de noviembre de 2007, ratificaba que Portezuelo se iba a construir bajo las normativas que establece la cartera de Julio De Vido y no como parte de un goteo anual de aproximadamente $150 millones.
En otras palabras, el Gobierno de Mendoza de entonces acordó que la plata para la obra iba a llegar a la provincia a medida que el trabajo avanzara y no como consecuencia de un cronograma que fijó, por ejemplo, que entre 2006 y 2009 la Nación debía aportar $400 millones.
El resto del dinero, según aquel acuerdo que además fue ratificado por ley (Nº7.708) en la Legislatura, debería llegar en cuotas de entre $130 y $165 millones hasta 2012.
“Estamos analizando el expediente de Portezuelo del Viento, pero la verdad es que la existencia de ese convenio firmado por Cobos complica el reclamo”, expresó De Rosas a este diario.
Sin embargo, el fiscal podría encontrar una luz para accionar. El acuerdo extrajudicial firmado por Cobos no habría sido homologado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cinco veces en tres años
Portezuelo del Viento es como si se construyeran cuatro diques Potrerillos. Proyectada para que incremente en 60.000 hectáreas la superficie cultivable de San Rafael, General Alvear y Malargüe, generará una energía equivalente al 25% de lo que hoy se consume en toda Mendoza.
Según la promesa de Néstor Kirchner, en el 2007 se iban a comenzar los trabajos. Pero el “plazo deseable” de inicio de la construcción está fijado para fines del 2010 y la terminación está pautada para cuatro años después.
La obra está aún en la etapa de desarrollo de su proyecto ejecutivo. Éste está a cargo de la UTE Inconas-Ingetec-Lande por un costo de $18 millones y los trabajos deberían haber estado terminados en agosto.
Pero por diversos motivos ese plazo se estiró hasta marzo o abril del año que viene.
En diciembre del 2008, luego de que pasara otro año y que la obra recibiera poca plata, se creó una comisión legislativa de seguimiento de remisión de los fondos nacionales, sin que se haya conocido resultado alguno del trabajo de dicha comisión.
Para esa misma época, Cristina Kirchner anunciaba un plan de obras públicas para todo el país por $111 mil millones y volvía a incluir a Portezuelo entre los anuncios. Con esa promesa, era la quinta vez en menos de tres años que la Nación decía que la obra se iba a concretar.

El nuevo pedido
Cobos arregló un goteo anual de $150 millones por seis años, pero meses después firmó otro convenio con el Ministerio de Planificación que fijó otras pautas. Ahora el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, analiza rever el expediente y volver a reclamar a la Nación por los incumplimientos. Tiene un punto a favor: el acuerdo extrajudicial con la Nación no habría sido homologado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los diques de San Juan sí tienen fondos
En pocos días nada más, según un anuncio del gobierno de San Juan, comenzará a construirse en esa provincia el dique Punta Negra, una obra proyectada en los años ‘60.
Esta represa se hará con una fuerte asistencia nacional. El gobernador José Luis Gioja firmó la semana pasada un convenio con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, compre a precio diferencial la energía que está produciendo desde febrero otro dique sanjuanino, Los Caracoles.
Con ese dinero extra acordado con la Casa Rosada, según informó Diario de Cuyo, se pagará la construcción de Punta Negra y además se financiará otra represa, El Horcajo, un dique aguas arriba del río San Juan “con un potencial enorme”, que viene proyectándose también desde hace décadas.
Punta Negra es una obra melliza de Los Caracoles.
Este último proyecto estuvo paralizado durante años y desencadenó un conflicto entre el gobierno sanjuanino y la empresa constructora.
Cuando asumió Gioja se rediseñó el proyecto, se buscó un arreglo con la empresa –que derivó en una solución judicial– y, fundamentalmente, se consiguió financiamiento nacional para llevarlo adelante.
Según se supo, Los Caracoles se terminará este año.

El arreglo que no fue
En agosto del 2006 Néstor Kirchner y Julio Cobos firman un arreglo y Mendoza da por terminada una demanda por los perjuicios de la promoción industrial por $1.000 millones. El argumento del Gobierno de entonces fue que lo mejor era un acuerdo, luego de un fallo del nuevo procurador de la Corte, Esteban Righi, que daba vuelta una sentencia favorable del ex procurador Nicolás Becerra.