El reinicio de las actividades de la planta de cobre en el municipio de Corocoro, provincia Pacajes del departamento de La Paz, provocó escases de agua en las comunidades de Chijchi, Pando y Rosapata Wancarama y afectó a doce familias cuyas tierras de pastoreo y sembradío fueron invadidas por la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que hace dos meses puso en marcha el proyecto hidrometalúrgico que ha sido inaugurado por el presidente Evo Morales.
Este hecho ha generado la protesta del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), porque comunarios del lugar no fueron consultados para la ejecución de este proyecto que afecta a tierras originarias. Tras las denuncias sobre la contaminación de las aguas de los ríos de la zona, se firmó un convenio entre los representantes del Conamaq y ejecutivos de COMIBOL; sin embargo, los compromisos asumidos en este documento no se han cumplido a la fecha.
El artículo 352 de la nueva Constitución Política del Estado señala que: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. (…) en las naciones y pueblos indígenas originario campesino, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
La Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol en una visita a Corocoro, constató que la toma de agua del Pontesuelo está muy distante de los centros poblados, los comunarios deben recorrer varios kilómetros para llegar, con bidón en mano, hasta el punto de la filtración para obtener algo del líquido elemento.