Por tercera vez en los últimos años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alternado el régimen de este importante curso de agua del que dependen otros productores y eliminando valiosos bosques nativos. La Fundación Iberá dice: “No pueden hacerlo, y esta vez debería quedar desmantelada para siempre esta pretensión privada sobre un bien público, que es ambiental y jurídicamente inaceptable”.
Las empresas arroceras Copra S.A. y Adeco Agro hicieron hasta aquí lo imposible por llevar adelante su ambicioso proyecto de represar el Arroyo Ayuí Grande, para formar un lago artificial de 8.000 hectáreas con el fin de irrigar nuevos cultivos. Según dicen podrían alcanzar hasta 28.000 hectáreas bajo riego.
Para la Fundación Iberá y una parte abrumadora parte de la ciudadanía –basta revisar el Blog www.ennombredelayui.blogspot.com para conocer el apoyo que logró su campaña–, esto resulta sencillamente inaceptable.
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales “Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos, y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso”. Sabsay analizó el caso correntino para sostener. “No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable, contemplado en nuestra constitución nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, refiriéndose a una serie de sentencias entre las que se destaca "Mendoza" (conocida como el caso del Riachuelo).
Sería la primera vez que tal cosa ocurre y sentaría un riesgoso precedente en materia jurídica y ambiental.

El derrotero de las empresas para inundar el Ayuí
Año 2005- Cinco empresas reunidas en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) lideradas por Copra y Pilagá, intentaron avanzar con una represa, que por su tamaño fuera descomunal decidieron denominar “Megarrepresa”, esgrimiendo una Evaluación de Impacto Ambiental visiblemente endeble, arguyendo grandes beneficios a la zona. Encontraron una sólida resistencia de la comunidad.
Año 2007- Pilagá se vendió a Adeco Agro, quién se sumó a Copra para resurgir con el proyecto. Contrataron científicos y profesores universitarios reconocidos (cuyo prestigio se desvaneció tan pronto como sus nombres se incorporaron a un proyecto insalvable). La represa se achicó un tanto (de 11 pasó a 8 mil hectáreas de espejo de agua artificial), pues una de las empresas entendió que el proyecto era inviable, y retiró sus campos del proyecto.
Año 2008- Un notable grupo de juristas, artistas, productores y científicos publicó la Carta Abierta titulada “El Ayuí debe seguir siendo un arroyo”. Miles de personas se sumaron a la “Carta abierta” a través del Blog en defensa del Ayuí montado por la Fundación Iberá.
Las empresas entendieron, sin embargo, que lo único que les impedía avanzar era la vigencia de la Ley Nacional de Bosques, que congelaba los desmontes hasta que la provincia emitiera su Ordenamiento de Bosques Nativos. Entonces se retiraron de la escena nuevamente, esta vez para empujar al gobierno de Corrientes a que emita un “Decreto de Bosques Nativos” que los habilite para avanzar con su proyecto de represa.
Año 2009- Habiendo obtenido el Decreto del Ejecutivo provincial (que lleva la firma del Gobernador saliente Arturo Colombi), consiguieron un dictamen positivo de la oficina de Recursos Forestales y convocaron a una Audiencia Pública para el próximo 4 de diciembre.

El Decreto de Bosques en la Justicia
El Decreto de Bosques Nativos está en manos la Justicia, desde que la Fundación Iberá promovió un Recurso de Amparo, solicitando la nulidad absoluta e insanable del mismo por considerarlo: (a) improcedente (al no publicar información obligatoria, como por ejemplos los mapas de zonificación de los bosques); (b) inconstitucional (contrariando varias leyes), (c) promovido sin el consenso que exige la Ley Nacional de Bosques y, lo que resulta especialmente grave (d) promotor de un daño a los productores de zonas con bosques nativos, automáticamente condenados a no percibir los beneficios de un importante Fondo Compensatorio por preservar dichos bosques.
“Si bien esto último pasó desapercibido para muchos ciudadanos, la imposibilidad de acceso al Fondo cayó automáticamente cuando el Gobernador decidió firmar un Decreto en lugar de buscar la vía parlamentaria correspondiente para reglamentar el uso de los bosques” –explica el biólogo Aníbal Parera, con trayectoria en políticas de producción rural sustentable–: “La ley penaliza de esta forma a las provincias que deciden esquivar la vía parlamentaria”.
Al filo del cambio de gobierno provincial, y puestos en jaque por las expresiones realizadas en el lanzamiento de la Plataforma Ambiental del gobernador ahora electo, su asesor Lino Gómez, decía: “En uno de los afluentes del río Miriñay una empresa privada quiere taparlo e inundarlo para el cultivo de arroz y el actual gobierno no hizo nada, el único estudio que existe es el que pago la misma empresa”.
No es de extrañar que las empresas impulsen ahora una Audiencia Pública a sólo seis días del cambio de gobierno.
Para el cantante popular correntino Antonio Tarragó Ros: “Quieren desdibujar el paisaje de nuestros padres y nuestros abuelos, tapando todo con agua y granos. Esas son cosas para otras partes de nuestra geografía. Corrientes se lleva bien con las vacas”.
Sin embargo, el osado e irregular proyecto de Represa del Ayuí Grande vuelve a zozobrar. De avanzar con el desarrollo de la audiencia pública, el ICAA y las empresas podrían verse sorprendidas en extraño papel, sin el soporte legal en el que ellas ingenuamente confían (el Decreto de Bosques Nativos podría ser previamente declarado de “nulidad absoluta”). Para el presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour, esta es una posición que no deja de ser ingenua: “Parecen no comprender que hay leyes en todos los niveles, desde Municipal hasta Internacional, que frenarían este proyecto en cualquier corte judicial”.-

Contacto:
María Belén Blanco (abogada patrocinante del Amparo contra el decreto de Bosques Nativos) = 03774 425654
Enrique Lacour (Presidente Fundación Iberá) = 03773 15400769
Dr. Daniel Sabsay = 011 5199-2882

Apartado:
Las Claves del Ayuí
Arroyo Ayuí Grande: está en corazón de Corrientes, a 50 km de los esteros del Iberá, y es el principal afluente del Río Miriñay, que desagua en el Uruguay.
Bosques en Galería del Ayuí: Están dominados por el Ingá, un árbol de 15 m de altura, con presencia de Timbó Blanco, Laurel, orquídeas y epífitas.
Especies en extinción: En el Ayuí viven especies amenazadas que se verían desplazadas de su hábitat, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el lobito de río (las tres protegidas como Monumento Natural Provincial).
Ambición desmedida: Existen alternativas para irrigar cultivos en la zona, incluso aconsejadas por los mismos técnicos contratados por las empresas, como varias represas menores ubicadas en cabeceras de cuenca, donde no hay bosques maduros por inundar. Su defecto es que no tendrían la misma capacidad que el proyecto busca.
Sin precedentes: No existen precedentes de un proyecto de estas características. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas, y al servicio de toda la comunidad (generación de energía eléctrica), no en beneficio de privados, como en este caso.
Daño a los productores: Otros productores no acompañan este proyecto. En especial muchos ganaderos y arroceros ubicados aguas abajo temen por posibles accidentes (roturas del dique), falta de agua (no confían en que la empresa deje de retenerla en tiempos de sequía) y daños ecológicos (las producciones de la cuenca son dependientes del agua y del ecosistema).
Falsa escuadra: El Proyecto vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, la antijuricidad manifiesta no impidió que la provincia “acompañe” en todo momento el proceso. Con o sin Decreto de Bosques el proyecto es inviable.
Poderosos intereses: No son empresas correntinas las que promueven el proyecto. Adeco Agro pertenece al grupo del financista internacional George Soros y el titular de Copra S.A. es un conocido gerente del grupo Clarín.
Puestos de trabajo y donaciones a Hospitales locales: es lo que proponen las empresas a cambio de destruir el ecosistema y vulnerar el acceso al agua a productores de la baja cuenca.

Fuente: Prensa - RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista)