Se suponía que el contador estuviera en desuso. No obstante, servía a una residencia en la urbanización Puerto Nuevo. Se trata de una nueva modalidad de hurto de agua que busca confundir a las autoridades evitando el uso del usual “pillo”.
Ese no era único contador que no registraba el uso de agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). A varias cuadras de distancia un edificio comercial tenía un instrumento similar que también se supone que estuviera en desuso.
“Esto es un problema bien serio que se está proliferando en números alarmantes”, dijo Gustavo Marín Ramos, director del Proyecto de Agua No Facturada de la AAA.
Ayer, durante un operativo, la corporación pública halló 155 tomas ilegales alrededor de la Isla e impuso multas que sobrepasaron los $200,000, dijo Jorge Luis Burgos, portavoz de la AAA.
El 20% de los casos detectados se trataba de abonados residenciales y comerciales que anteriormente habían cometido faltas similares.
El dolor de cabeza con la nueva modalidad, cada vez más frecuente en el robo de agua, es que precisamente se basa en los propios instrumentos de la corporación pública, lo que dificulta su detección ya que la ilegalidad no se aprecia a simple vista, como ocurre con los “pillos” tradicionales.
En esencia, el contador funciona como cualquier otro. La única diferencia es que los números que registra sobre el consumo del líquido nunca llegan a la AAA. “Detectar esto conlleva una investigación”, sostuvo Marín Ramos.
Se trata, no obstante, de una pequeña porción de las tomas ilegales que existen en la Isla. Según Marín Ramos, actualmente se estima en unos 100,000 los casos de personas que se abastecen de forma ilegal de la AAA.
No hay patrones específicos en cuanto a las personas que cometen el delito, cuyas multas comienzan en $1,700 en los casos residenciales y en $2,000 entre los abonados comerciales.
“Esto no discrimina. Hay de todos los estratos sociales y tipos de abonados (comerciales y residenciales)”, señaló el funcionario.
En lo que va de este año, la AAA ha atrapado a alrededor de 15,900 personas o comercios cometiendo alguna modalidad de hurto de agua. De éstos, 10,000 se han integrado al sistema de Acueductos.
En el 2008 unas 6,000 personas y entidades atrapadas en el hurto de agua “estabilizaron su sistema” con la AAA, lo que generó ingresos por $12 millones.
Una de las áreas que más alta incidencia reporta es la región este del País. En el operativo de ayer, se detectaron unas 40 tomas ilegales, precisó Marín Ramos.
No se sabe exactamente el impacto económico que todo este robo implica para la corporación pública ya que no existen estimados certeros de las pérdidas que esto genera, señaló Marín Ramos. Sin embargo, de toda el agua que se produce en la Isla, entre el 15% y el 20% termina hurtándose, lo que implica pérdidas multimillonarias.
Estas pérdidas, junto a los retrasos en el cobro de las deudas que mantienen el Gobierno y los abonados comerciales, causan desbalances económicos que, si no se controlan incluso podrían incidir en aumentos en las tarifas de la AAA.
La AAA cuenta con unos 900,000 abonados residenciales y 36,000 comerciales. Por la propia proporción de los abonados de la AAA, la mayoría de los casos de hurto de agua se registra en residencias, informó Marín Ramos.
Actualmente se estima que sólo el 40% del agua que produce la AAA llega a facturarse. Cerca del 30% se pierde en el proceso de elaboración y transmisión.

Deudas ahogan a la AAA
Educación está a la cabeza de la lista de los morosos
Mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) le cierra el grifo a los que hurtan el agua, las facturas por el consumo del líquido parecen no llegar a varias agencias de Gobierno y comercios que mantienen deudas millonarias con la corporación pública.
Actualmente, la deuda que mantienen los abonados comerciales de la AAA asciende a $31.5 millones.
Esto, sin embargo, es sólo una tercera parte de los $93.8 millones que le deben el propio Gobierno a la corporación pública.
El mayor deudor es el Departamento de Educación, con $23.5 millones. Le siguen el Centro Médico de Río Piedras y la Autoridad de los Puertos.
Según José Aguayo, director del Departamento de Servicio al Cliente de la AAA, la mayoría de las agencias ya cuenta con un plan de pago para subsanar la deuda.
La única excepción, al momento, es la Autoridad de los Puertos. A esta dependencia se le cortará el servicio si no logra un plan de pago dentro de las próximas dos semanas, aseguró Aguayo.
“Si ellos no concretan una acción afirmativa vamos a tomar acción nosotros. No sería la primera vez, ya le suspendimos en el pasado el servicio a otras dependencias”, dijo el funcionario.
Aguayo señaló que por el momento es la única suspensión de servicio que contemplan entre las agencias del Gobierno.
Explicó, por ejemplo, que el DE, aunque mantiene la deuda más cuantiosa, buscó alternativas en los sistemas de facturación para agilizar los pagos retrasados.
“Lo que queremos es que paguen para no tener que aumentar la tarifa”, sostuvo Aguayo.