El secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Ricardo Biani, dialogó con El Litoral sobre la pesca del sábalo, los mecanismos de control que dispone el Estado santafesino, las acciones de otras provincias y las medidas para preservar el recurso.
Biani admitió que con las herramientas hasta ahora disponibles no era posible un control completo. Y que no son suficientes las estadísticas de la Aduana y el Senasa (del Estado nacional) para tener más certezas sobre las ventas reales del recurso al exterior.
El funcionario del Ministerio de la Producción no cree en medidas del tipo tolerancia cero: piensa que cerrar las exportaciones a nivel nacional no da garantías de sustentabilidad para la explotación del recurso. Pero advierte que no es una buena política pública que, por las condiciones del mercado cambiario, sea de alta rentabilidad la oferta abundante de un alimento económico a sectores sociales postergados, pero en el extranjero.
Destaca que en la cadena productiva del pescado de río hay eslabones “sometidos” (como los pescadores) y otros dominantes.

—¿El Estado puede controlar exactamente cuánto pescado se extrae desde Santa Fe?

—A partir de los cambios que ponemos en marcha, sí. Y se va a saber exactamente cuánto es lo que se exporta y cuánto va al mercado interno.

—¿Y hasta ahora...?

—No. Hasta ahora no teníamos los elementos como para hacerlo: dependíamos de los datos de Aduana y de Senasa (dos dependencias del Estado nacional). Hoy, con las herramientas informáticas y una base de datos más completa, podemos tener un margen de error del 2 o del 3 por ciento, común a cualquier control. Pero no más. Tenemos un convenio y trabajamos junto con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria con lo que sabemos que -con esa base de datos- tendremos controlados a los frigoríficos.

—Parece haber diferencias entre lo que se dice que se exporta y lo que se vende al exterior.

—El gobierno nacional fijaba volúmenes de exportación pero nunca lo hizo para el mercado interno. Y según las cifras disponibles debe haber localidades en la Argentina que desayunen, almuercen, merienden y cenen pescado de río... Y aún así, no cierran los números. En realidad, es pescado de río que figura como parte del mercado interno como destino pero que entendemos que necesariamente termina en alguna frontera y misteriosamente fuera del país.

—Se dice que por ejemplo cada 100 toneladas de sábalos exportadas por la vía legal hay un porcentaje ilegal, de varios dígitos. ¿Ud. tiene alguna estimación?

—No. No la tengo. Sabemos de ese rumor pero no hay una estimación.

—¿Cómo van a hacer para saber cuándo las estadísticas de Senasa o Aduana no son creíbles, y qué cifras del mercado interno en realidad van fuera del país?

—En lo que a nosotros respecta, que es controlar que se cumplan los cupos de capturas y por supuesto los meses de veda, hay mecanismos. Consisten en completar todo el proceso de producción y para eso es clave el censo de pescadores, el registro de sus artes de pesca, el funcionamiento de los puertos de fiscalización, y los controles sobre los acopiadores y los frigoríficos.
Lo que hacemos ahora es que cada frigorífico declare su mercado interno, con un detalle de facturas emitidas durante los últimos tres años. Y en función de esa declaración le establecemos cuánto es lo que les corresponde para vender en el país. No queremos que ellos pierdan sus clientes en el mercado interno, pero queremos que demuestren que los tienen.

—Eso es con facturas, ¿y si vendieron en negro?

—Y si vendieron en negro no es una actividad económica que debamos reconocer. En ese caso no habrá cupo (de extracción).

La ley de pesca santafesina es clara: define que la provincia tiene que tener estadísticas pesqueras completas, lo que incluye mucho más que un registro de pescadores-beneficiarios del subsidio por la veda: hablamos de la licencia del pescador, de la identificación de su embarcación, de sus herramientas de trabajo, de contar con puertos de fiscalización y de controles ajustados sobre acopiadores y frigoríficos.
Es en el puerto de fiscalización donde deben coincidir los datos: cuánto se extrae y cuánto se procesa. Y por esa vía debemos también controlar quiénes pasan y quiénes no pasan por el sistema. Queremos romper con un fantasma que nos pesó mucho durante los primeros dos años... sostener una estructura empresaria que no tiene una medición de costos clara, ni de qué cantidad de empleos se necesita para qué cantidad de pescado. Es una estructura empresaria que se ha sostenido -y que ha nacido y se ha expandido- gracias a la decisión política de mantener un grifo abierto, alguien imaginó que siempre iba a haber piedra libre... Es un hecho: Santa Fe, que tenía 3 frigoríficos antes de la salida del 1 a 1, hoy tiene 12 frigoríficos, Entre Ríos -con todos sus problemas de controles- tiene 4.

¿Cerrar exportaciones?
Para el funcionario del Ministerio de la Producción que debe lidiar con el control de la pesca y sus efectos sociales, no es la prohibición lisa y llana de las exportaciones una salida. Aunque subraya que por ese camino -sin fijar cupos razonables y sustentables- se puede crear un problema social y ambiental aún mayor.
“Como representantes del Ejecutivo, podemos decir que legalmente es inviable prohibir las exportaciones: la ley a nivel provincial habilita la exportación. Si hay alguien interesado en esto antes debería haber una legislación en ese sentido. El gobierno nacional lo hizo en su momento y terminó abriéndola nuevamente”, recordó.
Dijo que “nuestra gestión no busca que el trabajo de sectores sociales muy postergados de la provincia termine por alimentar a sectores sociales también muy postergados, pero de otros países... Nosotros terminamos vendiendo un alimento barato fuera del país. Esto es ya una opinión personal, la posición oficial ya la di: creo que deberíamos rever este tipo de cuestiones. Y pienso que tampoco es bueno el planteo absoluto el cierre total, sino entender cuáles son los mecanismos que puedan garantizar trabajo a la gente, con un agregado de valor mayor. Y que el mercado pueda ser el interno y el externo, pero en función de la sustentabilidad de la actividad y de la promoción social del eslabón más expuesto de esta cadena que es el pescador”.

Sanciones
“Recibimos una enorme cantidad de infracciones que provenían de la gestión anterior, que no habían completado su tramitación administrativa. Hicimos una primera selección y -siguiendo un principio jurídico llamado de bagatela o economía procesal- decidimos pasar al archivo las multas por montos menores. El costo del trámite era mayor a cualquier resarcimiento: eran particulares que tenían algún pescado fuera de medida, generalmente”, mencionó el secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Ricardo Biani.
Agregó que “trabajamos mucho sobre las empresas ubicadas en el segundo y tercer eslabón de la cadena, es decir, los acopiadores y los frigoríficos. Hoy tenemos un importante número de sanciones tramitadas que tienen -tras nuestra observación- el pase al despacho del gobernador: hay 16 sanciones comunicadas a las empresas, que no son caras, pero que tienen un efecto directo sobre la actividad: suspensión de las licencias por 6 meses o por un año, o -directamente- su retiro. Muchas empresas ya tienen la primera instancia y eventualmente puede haber alguna que en poco tiempo puede llegar a reunir los antecedentes para llegar a perder la licencia”, afirmó.