La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) declaró "agentes contaminantes" a 51 industrias de la zona. En la lista hay curtiembres, fábricas de levadura, de bebidas y de elaboradoras de grasas.
Así lo informó la Defensoría del Pueblo de la Nación, que junto con cinco organizaciones no gubernamentales integran el cuerpo colegiado que debe controlar la ejecución del Plan de Saneamiento ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
De todas maneras, esto es sólo un comienzo. En la Defensoría informaron que la ACUMAR -que es presidida por el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni- sólo inspeccionó hasta ahora 460 industrias. "Según la ACUMAR en la cuenca hay 4.000 industrias, aunque en la provincia de Buenos Aires existe otro censo que dice que son 12.000. Por eso nosotros estamos pidiendo que se inspeccionen 20 industrias por día, pero sólo están yendo a 5", dijeron fuentes de la Defensoría este diario.
Las industrias cuestionadas deberán presentar un Programa de Reconversión Industrial (PRI), que estará sujeto a aprobación de la ACUMAR. Las que no presenten PRI, o presenten y no obtengan la aprobación, deberán cesar su actividad o serán clausurados.
La obligación de inspeccionar todas las empresas fue fijada por la Justicia, que consideró que la actividad industrial es una de las causas principales de la contaminación.
"Se puede producir de manera sustentable y respetando el ambiente. La contaminación de la cuenca afecta a personas en especial situación de vulnerabilidad y se agotan los tiempos. Hay que aumentar la cantidad de inspecciones", dijo el adjunto a cargo de la Defensoría del Pueblo, Anselmo Sella.
Actualmente se están haciendo obras para despejar el camino costero y limpiar las márgenes. A comienzos de mes, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que está a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte, había intimado a Bibiloni y a otros funcionarios con aplicarles una multa personal por no haber comenzado esos trabajos, pero luego comprobó que ya estaban en marcha.

Antecedentes
En 2006, en un fallo considerado histórico sobre derecho a un ambiente sano, la Corte Suprema ordenó a los Estados de la Nación, la Ciudad y la provincia que saneen la cuenca Matanza-Riachuelo.
Dos años después, cuando no se habían registrados avances, el Tribunal delineó un programa y puso plazo perentorios de ejecución.
A comienzos de mes el juez Luis Armella -designado por la Corte para ejecutar la sentencia- amenazó a funcionarios con multas personales debido a nuevos incumplimientos.