A poco de asumir, la intervención de OSM ya analizaba generalizar el uso de medidores en toda la provincia para ajustar el cobro del servicio. Así comenzó una revisión integral del sistema de facturación que las falencias en la distribución y la sequía aceleraron, al punto de que el EPAS prevé enviar a la Legislatura un proyecto para en febrero intentar cambiar la forma de cobro del agua potable en Mendoza.
Así, la llamada micromedición empleada con 6% de los usuarios de OSM en Mendoza se extendería al resto del padrón activo. Esto significará que aproximadamente 325.580 mendocinos tengan que empezar a pagar por lo que consumen, ni una gota más ni una menos.
Si bien el interventor de OSM, Gonzalo Dávila, se excusó de referirse al tema, para una fuente de la empresa que participó de la gestación del sistema tras la privatización del servicio en 1998 "todo está bastante avanzado, depende de una decisión política". De hecho, el área jurídica del EPAS ya tiene en estudio el contenido de la propuesta y su fundamentación legal, clave para su validación legislativa.
En realidad, la iniciativa no es nueva (fue propuesta junto a la ley de creación del EPAS pero nunca fue tratada por las Cámaras), que parte de dos alternativas al actual régimen tarifario de cuota fija: facturar el exceso de consumo o 100% del mismo por micromedición.
En reserva, quienes conocen de intentos similares en otras épocas consideran que"la diferencia con gestiones anteriores es que ahora hay voluntad para militar el proyecto en la Legislatura".

Por etapas
"Para entender por qué fracasó antes hay que tener en cuenta que sin macromedición no sirve nada", señala Javier Montoro, presidente del EPAS.
Montoro se refiere a la primera etapa del proyecto: calcular cuanta agua se produce por habitante (macro), para avanzar hacia la demanda unitaria real (micromedición), tal como lo hacen los operadores comunitarios que usan el método.
Esa fase, que los técnicos llaman "terrazamiento" (organizar en " terrazas" las cuentas de agua potable) permitiría regular la presión del suministro según la demanda, es decir, a menos consumo, menos presión.
"Hay que ir a la micromedición gradualmente", añade Montoro, refiriéndose a una campaña de concientización y la implementación por sectores o terrazas, otras etapas previstas.
Como está pensada, la campaña partirá de posicionar el tema, por ejemplo, con la distribución de facturas dobles (con montos fijos o acordes a lo que se consumió) "para que el usuario entienda cómo puede variar su propio consumo. Pero también se considera que una parte puede deberse a pérdidas, por lo que habrá plazos para corregirlas", explica por su parte Darío Hernández, gerente de Gestión Económico- Financiera del EPAS y experto en micromedición.
Para la decisión final acerca de si se utilizará la tarifación por volumetría o la combinación cargo fijo + exceso también debe expedirse el Consejo Técnico Asesor de la intervención. Pero además dependerá de lo que sea más conveniente para financiar la estructura operativa de OSM, hoy por hoy una obsesión oficial.
Parte del plan quedará expuesto la semana que viene, cuando el interventor Dávila presente el informe de su 4° mes de gestión. Sin embargo, según Montoro, se analiza poder enviar el proyecto a más tardar en febrero, antes de que culmine el período de la intervención.
Actualmente, 83.092 usuarios tienen medidores de consumo, entre zonas rurales y suburbanas. Muchos son servidos por operadores comunitarios.
Existen casos en que los consorcios también utilizan la micromedición. El uso de esa modalidad ya estaba previsto en el contrato de privatización de OSM, en 1998, que lo contemplaba cuando fuera "técnicamente posible", en cuyo caso no se facturaría en general .

Cómo funciona
En 94% de los casos, el cobro de una factura fija pondera la superficie total de terreno, cubierta, calidad y antigüedad de edificación y zona de residencia. Por otra parte, los usuarios pueden pedir que se les instale un medidor.
Según Hernández, la alternativa de combinar cargo fijo y variable (exceso) parte de un cupo de consumo en metros cúbicos que Obras Sanitarias otorga en función de la superficie de la vivienda. Es lo que está vigente para 3% de los clientes de la empresa en el Gran Mendoza. El restante 3% paga por la demanda real o cargo variable (micromedición), lo que equivale a unos 9.900 usuarios.
El proyecto original contemplaba la primera alternativa, con un cupo de 20 metros cúbicos (1 metro cúbico son 1.000 litros) bimestrales por conexión, un parámetro que se mantendría a futuro. Queda por determinar el valor a cobrar por m3, que podría ser una tarifa plana.
"Así lo que podría variar sería solamente el consumo total de la población", agrega Hernández. Para los cálculos hechos hasta el momento, se toman en cuenta las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que fija en 30 mil litros el consumo mensual promedio para una familia tipo.

Castigo para quienes derrochen
Los días pasan, el termómetro ambiente sube y sigue sin caer una gota de agua en Mendoza. Por eso, además de endurecer las restricciones al uso de agua potable e insistir con el uso responsable, OSM salió a redoblar la apuesta.
Ya rige la medida adoptada por la intervención por la cual a los clientes residenciales comprendidos en el Sistema de facturación de Cuota Fija que cometan cualquier infracción derivada del derroche, les podrá instalar el medidor de caudales.
"Los resultados se verán con el tiempo, porque tiene que ver directamente con los casos de reincidencia", subrayó Alejandro Coll, del área de Relaciones Institucionales de OSM.
Se trata de una medida que Obras Sanitarias considera legitimada por la resolución N° 136/09 del EPAS del 6 de noviembre. La misma autoriza a controlar la restricción diaria, entre las 8 y las 20 y hasta 31 de marzo del año que viene, del uso de agua potable con manguera, hidrolavadoras y/o riego por aspersión para riego de jardines, de calles no pavimentadas y llenado de piletas, así como cualquier otro uso abusivo del agua potable por cualquier medio.
Aunque constituye un antecedente de lo que puede venir, Montoro aclara que "son casos distintos, porque las conexiones clandestinas están prohibidas todo el año".