En Mendoza, la del agua es una de tantas entre las políticas de Estado a medio camino. El consumo responsable del agua es también una materia pendiente; en realidad no forma parte de nuestra cultura, pese a ser habitantes del desierto y a pesar de la cultura de nuestros ancestros.
Todavía regamos el 85 o 90% de nuestras fincas como los huarpes -a manto, como hace 400 años- el riego por goteo o aspersión o métodos modernos no llega al 15% de la superficie empadronada. Pese a la inversión de los últimos años, el 60 o 70% del agua del río de insume en los viejos cauces de arena. Sólo unas 15.000 o 18.000 hectáreas se riegan con métodos modernos de ahorro y precisión.
Aquí, el agua potable se consume con derroche (los especialistas sostienen que usamos más del doble de lo que la OMS estima racional en cada hogar del Gran Mendoza). El 95% de los usuarios paga en función de la superficie de su propiedad.
En los ‘80, se intentó imponer progresivamente una política diferente: base legal y estructuras para regar con métodos modernos y medidores en cada casa. Pero tenía costo político y la intención se disipó en las proximidades de las urnas. Sólo el 5 o 6% de los usuarios del Gran Mendoza paga por medidor.
Obras Sanitarias Mendoza, se provee del río Mendoza, sus afluentes y arroyos y abastece el 65 o 70% de la población del Gran Mendoza. Maipú y Luján -que también se nutren del río Mendoza- tienen sistemas propios y hay otros 140 operadores vecinales. En torno a las márgenes del río Mendoza se genera el 75 u 80% del PGB provincial y más de un millón de personas del Gran Mendoza (1.100.000 usuarios) se abastecen en realidad de sus aguas, que bajan de las entrañas de la montaña.
En 1970 eran 572.000 (se duplicó la demanda). El EPAS, funcionarios y técnicos del Ianigla -que estudian los glaciares en alta montaña- del Cricyt, del INA -Instituto Nacional de Investigaciones del Agua-, Dirección de Minería, Departamento General de Irrigación y la Agencia de Cambio Climático, procuran ordenar un sistema de seguimiento permanente de las fuentes de agua, que nos abastecen. Como integrante del Consejo de Estado para la aplicación de la nueva Ley de Uso del Suelo, la reciente Fundación del Agua ha aportado estudios, sugerencias y experiencia, advirtiendo la gravedad de nuestro problema.
De manera que la más elemental de las Políticas de Estado -permanentes, cualquiera sea el cambio de gobierno- impone inmediatamente una estrategia prioritaria de obras y servicios: aquí, la Gran Política, debe ser la del agua. Esto también implica la responsabilidad del uso racional tanto en los productores agropecuarios, en los industriales y en el uso domiciliario. Es una responsabilidad conjunta, pública y privada.
El mundo ya riega en el agro con goteo o aspersión y previamente embalsa y distribuye con canales impermeabilizados y conductos a presión. Cuida celosamente el equilibrio de sus acuíferos y ordena el crecimiento en función de su disponibilidad.
En el agro, en casa o la industria se impone la discreción a la que obligan los medidores: se paga un fijo de infraestructura y el consumo marca el volumen a pagar (lo que no excluye políticas sociales en el régimen tarifario). Ya en el mundo, hay conciencia de que el agua no es gratuita y mucho menos un recurso inagotable.
Si hay algo que evidencia la experiencia y la historia en general en este tema, es que no hay mejor incentivo para el uso racional y la preservación del agua escasa, es precisamente que ella tenga un costo razonable y que pague en función del consumo (no por superficie y por tiempo, parámetros de cuando el agua sobraba y nadie se esforzaba por cuidarla).
En todos los confines, los Estados y los concesionarios invierten a tiempo de acuerdo al crecimiento de la demanda, promueven la racionalidad cobrando costos reales, premiando el uso racional, aplicando tarifas que no excluyen el criterio social (todos los sistemas subsidian al que menos tiene).
Como ya conoce el riesgo, el mundo ha decidido cuidar el tesoro del agua y empujar la racionalidad y la solidaridad social: en todos los confines esto es una obligación vital del Estado, que invierte y replantea las reglas de juego con sus concesionarios de servicios -a quienes también impone normas y exigencias de inversión planificada- con los regantes y los consumidores.