Martín Díaz Achával, Defensor del Pueblo de la vecina provincia, pidió aplicar todo el peso de la ley sobre las empresas que envenenan la cuenca Salí-Dulce. En el dique de Las Termas se registró una nueva mortandad de peces que volvió a encender las luces de alarma entre las autoridades y los grupos ambientalistas.
“Tienen que entender los empresarios tucumanos que si continúan contaminando van a cerrar las industrias”. Con estas duras palabras se dirigió al diario El Liberal Martín Díaz Achával, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, respecto de una nueva crisis en el dique de Termas de Río Hondo.
En otro momento, el funcionario agregó: “Hay un fallo judicial muy fuerte por el cual cerró el ingenio Trinidad y si no acatan las empresas las disposiciones que están en vigencia van a seguir el mismo camino. Se trata de que defiendan sus propias industrias y esto se lo hace no contaminando y adaptándose a las leyes. Es una cuestión de cuidar su propia producción”.
Enfatizó que las medidas que se implementan y las eventuales sanciones a quienes contaminen, tienen el mismo objetivo: “Dejar de contaminar no significa solamente cuidar a Santiago del Estero sino también es cuidar a las propias empresas tucumanas”. “Nosotros vamos a seguir pidiendo que las empresas que contaminan cierren -reiteró-. Una vez que se cumplan con los plazos del Programa de Reconversión Industrial (PRI), las empresas que elijan estar fuera nosotros vamos a pedir realmente que se cierren, porque no puede continuar esta situación que se viene dilatando en el transcurso de los años”.
Díaz Achával señaló que para encarar un reclamo de este tipo cuentan “con todo el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque ésta es una cuenca inter jurisdiccional”, para luego recalcar: “Necesitamos una respuesta urgente de las empresas, porque ya tienen un fallo de que si un ingenio sigue contaminando en la zafra 2011 se cierra, si se necesita más fallos judiciales de este tipo lo vamos a ir a buscar. Pero hay que advertir que ya hay mecanismos en marcha para llegar a sanciones duras sin intervención judicial”.
A favor de la gestión de los industriales, recordó que “la Nación pone fondos a través del PRI (Programa de Reconversión Industrial), existe el Comité de Cuenta y existen las leyes”, tras lo cual se preguntó retóricamente: “¿Qué más esperan estas industrias?”.
En el final, diferenció en las posibles actitudes, tanto de los industriales como del Estado provincial y del nacional: “Entiendo que el PRI es de adhesión voluntaria, pero cerrar una empresa que contamine es una obligación legal. Lo que pasa es que los empresarios tucumanos no están ante la inminencia del cierre por eso no se adhieren”.