La Cámara del Crimen juzgará al ex intendente Oscar Pepa, al entonces secretario tesorero Oscar Ghisio y a dos empresarios. La causa está caratulada "fraude en perjuicio de la administración pública".
A pocas horas del aniversario de la fundación de Intendente Alvear, se iniciará hoy el juicio por la obra de cloacas realizada hace 10 años en esa ciudad, y que fue denunciada por supuestas maniobras de corrupción. El principal procesado es el ex intendente alvearense y anterior diputado provincial, Oscar Alberto Pepa. Junto a él serán juzgados por los integrantes de la Cámara del Crimen, quien fuera tesorero municipal entre 1995 y 1999 Oscar Francisco Benito Ghisio, y los empresarios Alberto Rodríguez y Andrea Mariana Bensi, responsables de las firmas constructoras que debían llevar adelante la obra.
Las dos primeras audiencias fueron fijadas para hoy y mañana a partir de las 9. Luego, el juicio oral y público continuará los días 2, 3, 9 y 10 para finalizar con los alegatos el 15 y 16 de diciembre. Durante las jornadas está prevista la presencia de al menos 25 testigos, entre ellos ex legisladores provinciales, funcionarios y empresarios.
Acusados.
En la causa se imputa al ex intendente de Alvear, Oscar Pepa y a quien fuera tesorero durante su gestión de realizar la obra "red cloacal domiciliaria y planta de tratamiento de líquidos cloacales", mediante la contratación directa de la empresa Ilka Construcciones SRL y Consnor S.A. El monto establecido en febrero de 1999 fue de algo más de 18 millones de pesos dólares, ya que en ese momento estaba vigente la convertibilidad.
La forma de contratación y el adelanto financiero otorgado fue objetada por la justicia al entender que no se ajustaba a lo establecido por la Ley de Municipalidades. Además, el monto de la obra se asegura fue sobrevalorado, de acuerdo con las pericias de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Como agravante para los vecinos de la localidad norteña, la obra iniciada por la unión de ambas empresas fue abandonada en el mismo año, hacia el mes de diciembre. El avance de los trabajo fue acreditado en un 55 por ciento. La construcción debió ser terminada por otra empresa, contratada mediante licitación pública.
Los concejales del período 1995 1999 también quedaron bajo la mira de la justicia como co-imputados, pues se entendió que omitieron controlar las formalidades de la contratación. Hace pocos meses fueron desvinculados al dictaminar la justicia que había prescripto la causa.
Irregular.
Los recursos para financiar el proyecto llegaron desde el Gobierno Central, mediante la modalidad de Aportes del Estado Nacional (ATN), una figura muy utilizada por el entonces menemismo, para girar recursos a las provincias y municipios. Según la acusación que recae sobre los funcionarios, "se acreditó que existió por parte del Ejecutivo Municipal un manejo irregular de los fondos que giró Nación para construir la obra, dándoles un destino diferente para el que fue enviado". La pericia contable que llegó a esa conclusión fue realizada personal especializado de la Policía Federal Argentina, que determinó que se recibieron 10 millones de pesos dólares, de los cuales fueron girados a la empresa adjudicataria 9.114.983 pesos, a pesar del incumplimiento en los trabajos.
La causa es emblemática por varias razones. Por un lado, se juzga a un intendente sospechado de participar de un manejo irregular en la contratación de una millonaria obra pública. Por otro, la denuncia la causa acumula 14 cuerpos, cientos de acciones defensivas para postergar el enjuiciamiento, años de dilaciones y una sensación generalizada que el juicio nunca se concretaría. Hoy parece ser la fecha señalada.
Denunciaron maniobras
A partir de hoy cuando ingresen a la sala los jueces Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Fabricio Losi, tanto el ex intendente Oscar Pepa como el ex tesorero municipal, Oscar Francisco Ghisio, deberán explicar a los magistrados el motivo de la contratación directa de las empresas Ilka Construcciones SRL y Consnor S.A, para realizar las obras de cloacas en Alvear, cuando por el monto estaban obligados a llamar a licitación pública. Además, justificar el monto de la operación fijada en 1999 en más de 18 millones de pesos dólares. La situación, también es compleja para dos personas relacionadas a las empresas, Andrea Mariana Bensi y Jorge Alberto Rodríguez, ya que en la acusación se considera que como responsables de las compañías, efectuaron "maniobras ardidosas con el propósito de obtener un beneficio económico, en perjuicio del patrimonio municipal". Bensi, para aliviar su situación ante la justicia solicitó encuadrarse dentro de la probation -suspensión de juicio a prueba- cuestión que el Tribunal de Impugnación Penal rechazó de plano. En el dictamen, los magistrados firmantes dijeron que las causas penales que involucran dineros públicos deben ser debatidas en juicios orales y públicos, y no mediante acuerdos previos de los imputados con los jueces y fiscales.