La histórica contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a unos cuatro millones de personas vulnerables, sigue en la mira de la Justicia.
Ante la indiferencia de políticos y de entidades ambientalistas cuya agenda mediática sólo tiene advertencias potenciales sobre la minería cordillerana, la Corte avanza en procura de sanear el putrefacto cauce bonaerense y porteño.
Esta semana la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) declaró "agentes contaminantes" a 51 industrias de la zona, según ha informado la Defensoría del Pueblo de la Nación, que junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación y cinco ONG, integra ese cuerpo de control del Plan de Saneamiento ordenado por la Corte Suprema, basado en el histórico fallo de 2006, sobre el derecho a un ambiente sano. La cifra de fábricas emplazadas es ínfima, ya que sólo se inspeccionaron 460 industrias de las 4000 que arrojan sus efluentes al río, pero la provincia de Buenos Aires tiene otro censo con 12.000 empresas que utilizan esa cloaca abierta.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de la ejecución de la sentencia de la Corte, intimó a principio de este mes al Secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y a funcionarios bonaerenses y de la ciudad con aplicarles multas personales por no iniciar los trabajos, que de inmediato comenzaron.
Sorprende que después de dos años el Tribunal superior, no tenga la respuesta que exige eliminar el mayor foco de contaminación del país y también que los grupos ambientalistas ignoren este colosal ataque a la salud de millones de argentinos.