El agua potable, después del aire, es esencial e insustituible para la vida. El agua es derecho humano en cuanto tal.
En el mundo, ya más de dos mil millones de personas carecen de acceso a la misma y cada ocho segundos muere un niño por beber agua contaminada y cada año más de siete millones de personas perecen por las mismas causas, lo que irriga caudalosamente la hipótesis de que, muy probablemente, las próximas guerras sean por el agua.
Queda "claro como el agua clara" el rol preponderante que tiene y tendrá este recurso natural en la supervivencia humana y el desarrollo sostenible.
¿Cómo ignorar, entonces, las gravísimas responsabilidades del sector público y de los organismos de concesión, regulación y control en este déficit vital para la prevención, precaución, protección e incremento y fortalecimiento de fuentes, cuencas, manantiales, acequias, reforestaciones, etc.? Cómo, cuando, referencial y testimonialmente, esos recursos y recaudos fueron siempre respetados por nuestros pueblos aborígenes desde la antigüedad.
No hay educación para el consumo, no existe prevención y racionalización de los usos, se multiplican por doquier desarrollos inmobiliarios sin contar previamente con prefactibilidad de servicios esenciales, como el agua y saneamiento; se ignoran las tendencias demográficas, la creciente escasez y evaporación del agua, a causa del cambio climático; la contaminación y los consumos derrochones, ante la recurrente omisión y vista gorda corrupta de muchos gobernantes locales y regionales, ignorando y eludiendo recomendaciones y advertencias internacionales y/o de los comités de cuencas hídricas; exponiéndonos, cada año más anticipadamente que el anterior, a la indisponibilidad del agua potable y a las consecuencias del desprecio por las energías lacustres, no obstante la precipitación en el incremento de su mercantilización, cuando, al fin y al cabo, ningún derecho humano vital debe quedar fuera de la más completa desmercantilización.
El desafío central consiste en suministrar servicios de agua para todos; especialmente, a los indigentes, y optimizar la productividad de los recursos hídricos en la agricultura.
Debemos aprender a valorar el agua. Esto implica no privar de este recurso vital a poblaciones ya marginalizadas, sino incluirlas responsablemente en el sistema, puesto que una de las paradojas mundiales más perversas, con respecto al agua, en el presente, es que las personas con menores ingresos son las que, en general, más pagan por el agua.
Esta nueva forma de pensar también implica encontrar soluciones prácticas y adecuarlas para garantizar un abastecimiento fiable, duradero y equitativo del agua.
Con esa perspectiva y para proporcionar un suministro duradero del agua como servicios adecuados de saneamiento, serán necesarias y prioritarias nuevas inversiones de envergadura en la infraestructura, la tecnología y la concientización del consumo con solidaridad social, para que la pésima atención de demandas presentes no comprometa más aun las naturales y propias necesidades básicas de las futuras generaciones.
Sin demoras, hay que impulsar determinadamente cambios institucionales necesarios para gestionar mejor el agua como recurso, incentivando la prevención, la conservación, la recuperación (agua de lluvia, desalinización, etc.) y el ahorro del agua, readaptando los usos y mejorando su calidad, eficiencia y regularidad, lo que garantizará no despilfarrar más agua potable; vg., para sanitarios, lavado de vehículos, regadío de veredas y cuántos otros más absurdos.
A propósito: con un papel más responsable de los poderes públicos y de las agencias de control, será previsible que se fortalezcan, también, nuevas formas de participación en las jurisdicciones y políticas locales, a través de la actuación más presente y efectiva de las organizaciones legitimadas de la sociedad civil, partiendo, por caso, de audiencias públicas más vinculantes, identificando y denunciando a cada responsable por acción u omisión de sus atribuciones y potestades, para que la zozobra acuífera y ambiental local actual se hubiera impedido y/o mitigado, cuanto menos, a su minimo minimorum ; todo ello, sin perjuicio de los daños producidos (sequías, incendios e inundaciones evitables) y su indemnización, ya que todo daño ambiental genera, prioritariamente, la obligación de recomponer, según lo establece la ley.
Obviamente, esta propuesta de ahorrar agua y gestionarla mejor y más sobriamente desalienta cualquier negocio, porque así no será posible continuar especulando y lucrando a expensas de la salud, de la vida y de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Los aspectos de la crisis hídrica y sus soluciones, así como la posibilidad de un futuro y nuevo desarrollo, están cada vez más interrelacionados; se implican recíprocamente, requieren nuevos y creativos esfuerzos de comprensión unitaria, como una nueva síntesis humanista que resuelva satisfactoriamente toda hiriente disparidad humana con respecto al universal e irrestricto acceso legítimo al agua potable y los saneamientos apropiados.
Las sequías pavorosas actuales (que ni siquiera han merecido un solo alerta sanitario) nos advierten a todos por igual que el recurso escasísimo del agua es y será siempre, antes o después de las sequías, un enorme problema que sobrepasa todo rumor o conjetura tradicional en los desiertos de arroyuelos, riachuelos y lagos hasta los bramidos de crecientes, avalanchas, turbulencias y turbiedades, traduciéndose en una exigencia común e ineludible de responsabilidades y sacrificios compartidos.

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*Docente e investigador universitario de la universidad de Córdoba. Es autor del libro Servicios públicos cooperativos, editorial El Derecho, 2009.