Con varios meses de demora, el Ministerio de Agricultura declaró ayer zonas de desastre o emergencia a regiones rurales de 14 provincias afectadas por heladas, granizadas o, sobre todo, por sequías. Así, el ministro Julián Domínguez cumplió con una de las promesas hechas el viernes último a la Comisión de Enlace del campo.
Se trata de situaciones de emergencia originadas entre principios y mediados de este año. Estos trámites habían quedado en un limbo jurídico tras la aprobación de la ley 26.509, que reemplazó al régimen instituido mediante un decreto-ley de la última dictadura. La reglamentación de aquella norma habilitó al ministro a decidir sobre los expedientes iniciados antes de la sanción del nuevo marco jurídico.
Según el Ministerio de Agricultura, este año se registró la peor sequía en más de siete décadas. Pero ése no fue el único fenómeno meteorológico adverso que sufrió el sector agropecuario. Algunas provincias, como Catamarca y Santiago del Estero, sufrieron varios fenómenos casi en simultáneo: sequía, heladas y granizo. Además, en este paquete de resoluciones no ingresaron las zonas afectadas por la crecida de los ríos, registrada en la última parte del año.
Cuando el Estado nacional declara zonas de desastre o emergencia agropecuaria habilita el acceso de los productores de esas regiones a desgravaciones impositivos y subsidios directos. Según las resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, estos beneficios alcanzarán a Mendoza, Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Corrientes.
"Con esto, estamos al día con las emergencias", les había adelantado Domínguez a los ruralistas. "Es lo único en lo que se avanzó en esa reunión, en terminar la forma legal, la parte instrumental de las emergencias. El resto no sirvió para nada", afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati.
Los beneficios a los que accederán los afectados por el desastre climático incluyen la prórroga del vencimiento de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigor de la emergencia, y la exención total o parcial del pago de impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta si el Poder Ejecutivo lo considera apropiado.
Pero, además, los ganaderos que hayan tenido que vender la hacienda forzosamente podrán deducir del balance impositivo el impuesto a las ganancias sobre los beneficios derivados de aquellas ventas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su parte, suspenderá la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes en emergencia. Y las entidades bancarias "arbitrarán los medios necesarios para que los productores gocen de los beneficios comprendidos en la ley", dicen las resoluciones.
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, todos estos beneficios ya están rigiendo. En cambio, para la distribución de ayudas directas habrá que esperar a que el fondo de 500 millones de pesos que prevé la nueva ley esté disponible cuando comience el nuevo ejercicio presupuestario, el 1° de enero próximo.
La duración del período de emergencia, el área geográfica y las producciones alcanzadas varían, según el caso, desde tres meses hasta un año. Para acceder a los beneficios, los productores afectados deben demostrar que su actividad se vio seriamente afectada. Por ejemplo, en Santa Fe, la medida de excepción alcanza a los departamentos del norte provincial, con excepción de los campos dedicados a la producción de soja en Belgrano y General López. En Buenos Aires, la emergencia alcanza a todo el territorio sin distinción de cultivos.
Las conversaciones iniciadas el viernes pasado entre Domínguez y los dirigentes ruralistas sobre la asistencia a los productores en emergencia continuarán hoy, en la sede de Agricultura, entre técnicos del Banco Nación y de las cuatro entidades agropecuarias. Se espera que en esa mesa se avance en la definición de programas de crédito blando para recomposición del capital de trabajo de los chacareros en crisis.

El clima ahora ayuda al campo
La siembra de soja, que hasta la semana pasada había cubierto casi el 50% de los 19 millones de hectáreas proyectadas, podría avanzar ahora otro 25% luego de las precipitaciones de los últimos días. "Va a haber progresos en la siembra donde hubo lluvias. Hasta ahora, se había sembrado un 50% y creo que se podrá seguir adelante en los próximos días con otro 25%", señaló Stella Carballo, especialista del Instituto de Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Castelar.
En la última semana, hubo precipitaciones en torno a los 15 milímetros en el centro de Córdoba, que treparan hasta los 70 mm en el este provincial. Además, en el este de Santiago del Estero, donde se recuesta la producción agrícola, se registraron entre 100 y 200 milímetros. Según Carballo, en Córdoba, la principal provincia sojera, con lo que llovió los productores empezarían a sembrar. De todos modos, aclaró: "Sería bueno que lloviera más para que se garantice una mejor emergencia del cultivo". La próxima semana habría más precipitaciones en esa región.
Igualmente, hay fuertes excesos hídricos en la Mesopotamia que complican la cosecha del trigo y la posterior siembra de soja. Este es el caso de Entre Ríos. No obstante, según Carballo, para esta semana las lluvias allí podrían estar "tranquilas", con lo cual si se recupera el suelo se podrá implantar el cultivo. Que las lluvias han mejorado lo revela otro dato. Hay regiones de Chaco que llevan acumulados 500 milímetros en el último mes. Si con las últimas lluvias se podría avanzar hasta el 75% del área sojera, el 25% restante se alcanzará en la medida que llueva donde hace falta que sigan las precipitaciones, como el oeste cordobés. Además, la siembra se completará cuando tras los fuertes excesos hídricos el suelo esté en condiciones para la implantación.