La legisladora oficialista Rosa Muñoz, titular de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, fundamentó un proyecto de Ley votado en tratamiento sobre tablas, por el cual Chubut adhiere en todos sus términos a la Ley Nacional Nº 20.509 que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, determinado el Ejecutivo Provincial la autoridad de aplicación correspondiente.
La legisladora hizo hincapié en la Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario del Ministerio de Agricultura de la Nación abarcativa a 13 provincias, entre ellas Chubut, afectadas por sequía, lluvias, granizo o heladas, para auxiliar a los productores del distrito con beneficios y asistencia financiera especial, medidas que se promueven a instancias de la Ley Nº 26.509 de Emergencia Agropecuaria sancionada por el Congreso Nacional a fines de agosto pasado y creando dicho sistema nacional.
Dicha medida rige para Chubut respecto de la producción del VIRCH que fue afectada por heladas durante un período de doce meses desde octubre de 2008.
A los fines de la implementación de dicho sistema nacional se creó un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria para formular propuestas acerca de mecanismos de monitoreo y evaluación del Sistema creado por aquella ley. Se crea asimismo la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios con sendos representantes de distintos organismos oficiales, bancarios, la AFIP y por las entidades del sector agropecuario con personería jurídica nacional, y también representantes de las provincias afectadas. Se puntualiza en la norma nacional que los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados previamente por la provincia afectada.
La normativa nacional crea el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional correspondiente, y la administración de ese Fondo estará a cargo del Ministerio de Producción, previendo recursos de un monto anual equivalente a 500 millones de pesos que se destinarán exclusivamente a financiar proyectos, programas y acciones del Sistema Nacional a fin de mitigar y recomponer daños ocasionados por emergencias y/o desastres agropecuarios.

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