La entrada en vigencia del Tratado de Lisboa, que incluye como territorios de ultramar británicos a las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, como también al Sector Antártico Argentino, ha generado reacciones contrapuestas dentro del oficialismo fueguino en cuanto a los efectos que la normativa de la Unión Europea puede tener sobre el reclamo de soberanía de nuestro país sobre la Islas y Antártida.
Mientras los diputados Nélida Belous y Leonardo Gorbacz repudiaron "este atentado contra la soberanía argentina y la integridad territorial de Tierra del Fuego", Carolina Lavori, subsecretaria de Relaciones Internacionales del Gobierno provincial, consideró que el tratado europeo no implica cambio alguno para "el status de la Islas" en cuanto a la cuestión de soberanía, por cuanto el tratado en cuestión contempla la situación de territorios de ultramar "con fines exclusivamente orientados a la promoción del desarrollo económico y social".
Para los parlamentarios nacionales, electos por el oficialismo fueguino, "la Unión Europea incurre en una abierta violación del derecho internacional, ya que el Tratado no reconoce la situación de disputa por soberanía que existe bilateralmente entre Argentina y el Reino Unido, y se basa en la doctrina del hecho consumado. Aunque los territorios hayan sido obtenidos por la fuerza e ilegalmente, esto pareciera generar derechos a favor de la potencia usurpadora, y no es así", sostuvo Belous.
Por su parte, Gorbacz recordó que "en su momento denunciamos un informe del Parlamento Europeo que proponía instalar una base militar en las Malvinas. Este nuevo avance demuestra que hay una estrategia de profundizar una ocupación ilegal, apropiarse de las riquezas que nos corresponden y ampararse en el conjunto de países europeos para consumar el robo".
Afirmó además que "este tratado atenta contra los derechos soberanos argentinos y contra la integridad territorial de Tierra del Fuego, y además desconoce la disputa existente entre el Reino Unido y nuestro país, reconocida por organismos representativos de la Comunidad Internacional como la ONU y la OEA".
En una gacetilla de prensa, reflejan que el diario británico "The Sun" aseveró ayer que "cada gota de petróleo pertenecerá a los agradecidos isleños, rescatados por su Madre Patria hace una generación", y que el descubrimiento de petróleo en las Malvinas podría volver "completamente ricos" a los 3000 habitantes de la isla en los próximos tres años, ante lo cual Belous señaló que "jamás avalaremos" que Malvinas "quiera ser convertida, por su potencial en riqueza en hidrocarburos, en una fuente para alimentar a los usurpadores".
También a través de una gacetilla de prensa, la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Provincia, Carolina Lavori, restó trascendencia a la entrada en vigor del Tratado en lo específicamente vinculado con la cuestión de soberanía sobre los territorios insulares en litigo. "Más allá de las interpretaciones que pueda generar la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el status de las islas no cambió, en primer término porque el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en su IV parte, contempla la situación de territorios de ultramar, en la cual convienen asociar a la Comunidad a los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con sus estados miembros, (como es el caso de Gran Bretaña con las Islas Malvinas), con fines exclusivamente orientados a la promoción del desarrollo económico y social", fue la evaluación realizada por la funcionaria.
Lavori precisó, además, que la posición de la Unión Europea "es ajena al litigio bilateral entre Gran Bretaña y la República Argentina". También sostuvo que "la postura provincial en lo que refiere a las Relaciones Internacionales es congruente con la posición fijada por la Cancillería argentina en la cuestión de las Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, al considerarla una política de Estado".
En tal sentido recordó que "la Cancillería Argentina se ha pronunciado en todas las etapas conducentes a la celebración del Tratado de la Unión Europea desde la adhesión de Gran Bretaña. Es decir, que desde el año 1972 ha efectuado los reclamos pertinentes en conformidad a las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional".