La cuarta audiencia del juicio oral por las cloacas de Alvear, en el cual se debate el supuesto fraude en contra de la administración pública, fue la más breve. Los testigos poco aportaron. La frase "no recuerdo" retumbó varias veces en el recinto de la Cámara del Crimen, ante preguntas de la fiscalía, defensores y jueces. Sin embargo, se pudo verificar que cuando las empresas abandonaron las obras, faltaban equipos electromecánicos por un monto cercano a los tres millones de pesos dólares.
Ayer estaban citados los concejales aliancista, que ocuparon bancas entre 1999 y 2003. Además, de un consultor externo que auditó la empresa ILKA, que realizó ese trabajo a pedido de la propia firma constructora.
La primera testigo en brindar su testimonio ante el tribunal fue la ex-edila Marta Bilbao, que resumió la actuación legislativa, con respecto a la red de cloacas, en la elaboración de un pedido de informe al Ejecutivo Municipal elevado en diciembre de 1999. Bilbao recordó que la obra se realizó sin el llamado a licitación pública y que faltaron equipos electromecánicos. El siguiente testigo, Roberto Facenda fue el que más se explayó ante el tribunal. En su testimonio aseguró que poco después de asumir, las empresas que trabajaban en el sistema cloacal licenciaron a sus empleados y nunca más regresaron. Para poder rescindir el contrato con ILKA y Consnor el Concejo Deliberante se aferró al faltante de un costoso equipamiento importado que debía ser usado para la planta de tratamiento. Como consecuencia de ese incumplimiento, se pudieron gestionar nuevos fondos públicos y convocar a otras empresas para terminar la obra. Los ex-ediles, Jorge Gette y Adolfo Fernández tuvieron muy breves intervenciones, sin mayores aportes. El abogado defensor de Oscar Pepa, con algunas preguntas a los testigos, buscó profundizar la estrategia de desligar responsabilidades a nivel local, para apuntar a otros estamentos.

Invisibles.
Las dos empresas habían recibido en concepto de anticipo financiero 3.670.009 pesos dólares. A ILKA se le había entregado entre el 26 de febrero de 1999 y el 6 de mayo, la cifra de 451.124, mientras que a Consnor, en el mismo periodo, se le realizaron pagos por 3.218.885 pesos dólares.
Según la auditoria realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la contratista justificó, mediante certificado del fabricante, la utilización de casi tres millones de pesos dólares en la adquisición de equipos electromecánicos para la planta de tratamiento cloacal. Pero, los equipos nunca se vieron en Alvear. Las empresas debían presentar los comprobantes de adquisición de los materiales comprados con el anticipo. En el caso de equipos o máquinas, debían quedar bajo custodia formal de la municipalidad de Alvear suscribiéndose un acta. La auditoria detectó que el equipamiento electromecánico, que ya había sido pagado, no estaba ni el municipio poseía documentación sobre el destino. A pesar que el entonces intendente, Oscar Pepa, tenía la obligación de cuidar esos bienes, nunca aparecieron.
"La contratista utilizó el monto cotizado del equipamiento electromecánico para justificar el anticipo financiero cobrado y también para utilizar la prerrogativa de certificación para certificar anticipadamente los insumos de fabricación extranjera", dice el informe de manera concluyente.
Los equipos electromecánicos, que en teoría serían parte del sistema de saneamiento urbano, fueron, además, observados por la grosera diferencia de precios entre el presupuesto elaborado por la municipalidad. Un equipamiento para ser usado para una cuba de clarificación y aireación, por ejemplo, fue cotizado por el municipio en 358.900 pesos dólares. Para la Sigen, costaban algo más de 11 mil. En algunos ítems del proyecto de la planta de tratamiento, el sobreprecio que fue detectado por el organismo nacional fue superior al mil por ciento.