Para poder preadjudicar la construcción, operación y mantenimiento de la presa Chihuido I, que es el principal proyecto hidroeléctrico del país, es preciso que el ministro de Economía, Amado Boudou, garantice con una resolución el aporte de los fondos nacionales que se comprometieron en el llamado a licitación, según reveló una fuente del gobierno neuquino. El ganador de la compulsa será uno de los dos consorcios que tiene empresas brasileñas entre sus socios porque tienen las mejores propuestas de financiamiento.
La fuente consultada, un funcionario de primera línea del gobierno de Jorge Sapag, dijo que el proceso de preadjudicación durará meses.
Chihuido I es una presa diseñada para cerrar el río Neuquén a unos pocos kilómetros aguas abajo de la desembocadura del Agrio. Tendrá una potencia de 640 megavatios (MW) y permitirá regular los bravos caudales que bajan desde las montañas del norte neuquino. El secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, definió la obra como "el buque insignia del plan hidroeléctrico argentino".
En la licitación, que ya tendría que estar adjudicada según los planes originales, compiten cuatro grupos:

* Benito Roggio, Corsán Cobián, Esuco y Supercemento.

* Electroingeniería, OAS-CTC e Hidrocuyo.

* Pescarmona (Impsa).

* Cartellone, Odebrecht.

OAS y Odebrecht son empresas brasileñas que propusieron financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bnades) de ese país, contra el establecimiento de garantías del Estado argentino, un trámite que, se dijo, ya está cumplido. Uno de esos dos grupos será el ganador de la licitación, aseguró el vocero del gobierno. El que integra la argentina Electroingeniería es señalada, además, por su cercanía con el gobierno nacional (es operadora de Transener).
La intención original era comenzar las obras en enero, que es cuando se inicia el período de estiaje, durante el que los caudales se mantienen bajos, lo que permite desviar el cauce del río.
La fuente oficial reconoció que la obra propiamente dicha no se iniciará hasta enero de 2011, pero aclaró que hay tareas conexas que podrían ponerse en marcha el año que viene, luego de la adjudicación.
El esquema financiero supone una inversión propia, financiamiento y un aporte de dinero del gobierno nacional (que podría ser a través de la Anses) por lo que resta (sería cerca del 20% de 1.700 millones de dólares).
Ese aporte nacional es el que Boudou debe garantizar para establecer el flujo de dinero para una obra que tardará años en terminarse.