Las luces de alarma se encendieron en 2008, cuando en medio de la disputa agraria con el Gobierno el Canal Rural de TV canceló el programa Mano a mano con el Campo, conducido por Luis Landriscina, en el que éste había entrevistado a Enrique Lacour, empresario rural de Mercedes, Corrientes, y presidente de la Fundación Reserva del Iberá.
El motivo no era otro que impedir la difusión de la defensa del Ayuí, un bellísimo río del sudeste correntino en peligro de ser amurallado en beneficio exclusivo de dos empresas: una del conocido financista internacional George Soros (Adecoagro) y la otra (Copra S. A.) del señor José Aranda.
Aquella censura no tuvo mayor repercusión en los medios porteños, aunque fue noticia de relieve en todo el nordeste argentino. Diarios y radios, y decenas de blogs, difundieron declaraciones en contra del desastre ecológico que significa cortar un río para inventar –no corresponde otro verbo– un lago artificial de más de 8000 hectáreas. Unidas en una UTE llamada precisamente “Represa Ayuí Grande”, y a un costo de 55 millones de dólares, según el suplemento Clarín Rural, se proponen “una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”.

La oposición no se hizo esperar: una carta firmada por decenas de académicos, miembros del Conicet, ONG y personalidades del ambientalismo como Daniel Sabsay, Silvana Buján, Francisco Erize, Antonio Brailovsky y el biólogo Aníbal Parera y artistas locales como Antonio Tarragó Ros y Ramona Galarza pareció lograr el objetivo de frenar lo que podría llamarse crimen de lesa naturaleza.
La fundación presidida por Lacour, radicada en Mercedes, es una ONG en la que no faltan productores agropecuarios con conciencia ecológica: “Todo el procedimiento para habilitar de manera apresurada la represa del Ayuí Grande está viciado, es irregular y atiende a intereses particulares en lugar del bien común”, sostienen junto a connotados dirigentes y productores de la región, como se puede leer en el blog www.ennombredelayui.blogspot.com
El Ayuí Grande es un importante afluente del río Miriñay, que cruza los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros antes de su desembocadura en el río Uruguay. Se trata de un arroyo navegable, con hermosos bosques de timbós, ingás, laurel y otras especies en sus orillas; fauna protegida, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el lobito de río, y límpidas aguas que contribuyen al mantenimiento de pastizales de una importante región agroganadera.
El agresivo proyecto pretende atravesarlo con una muralla, interrumpiendo su flujo natural y creando un lago que les permitirá controlar agua suficiente para regar otras 28.000 hectáreas de cultivos. La obra haría desaparecer 50 kilómetros de costas, bosques de ribera, pastizales y pajonales.
Tal pretensión no tiene precedentes. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas y al servicio de una comunidad (generan energía eléctrica), pero nunca en beneficio exclusivo de grupos privados. Seguramente por eso son muchos los productores que no acompañan el proyecto. Ganaderos y arroceros ubicados aguas abajo temen por posibles accidentes del dique, escamoteo del agua y daños ecológicos varios, aunque no todos se expresan por temor a represalias. Además, sería la primera vez que un emprendimiento privado se apropiara de un bien público de esta magnitud, porque –según la Constitución nacional, el Código Civil y la Constitución correntina– ríos y arroyos no pertenecen a los propietarios de tierras a su alrededor, sino que son bienes de todos. Por lo tanto, no hacen falta ni siquiera los siempre manipulables “estudios de impacto ambiental”.
Quizá por eso el INTA y la UBA, que originalmente avalaron el proyecto, se despegaron deslindando responsabilidades una vez que el proyecto fue rechazado por Greenpeace, FARN, Vida Silvestre, Aves Argentinas y otras ONG.
“Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, declara Lacour, cuya fundación no está en contra de la agricultura ni de la producción (de hecho sus miembros son antiguos productores agropecuarios de la zona). Ellos reconocen la necesidad de inversiones y proyectos de desarrollo “pero no violando leyes ni destruyendo el paisaje y la naturaleza”.
La argumentación empresarial –enfáticamente saludada por el ahora saliente gobernador Arturo Colombi– es la habitual: subrayan las fabulosas perspectivas para la alimentación mundial y la dudosa creación de 1400 puestos de trabajo.
A ello les respondió la semana pasada el ciudadano mercedeño Horacio Cardozo, en ocasión de la apresurada audiencia pública a la que llamó Colombi antes de irse: “A los que piensan que por producir alimentos y dar trabajo adquieren derechos extraordinarios les digo que están equivocados. A los que quieren venderme este proyecto como la salvación de nuestra ciudad, les digo: Gracias por los espejitos. No los quiero”.