El conflicto por el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza se contamina cada vez más. Lejos de cumplirse la orden judicial sancionada por la Corte Suprema de Justicia en 2008 en el marco del fallo “Mendoza”, que corresponde al comienzo del saneamiento en el plazo de un año, los funcionarios tuvieron que ser intimados con multas para que den puntapié al proyecto y por si fuera poco, ahora necesitan un “serio control del mismo”.
Así lo anunció el juez Luis Armella del Juzgado Federal de Quilmes, quien resguarda celosamente la causa y que ahora, tras haber amenazado con sanciones a varios intendentes del Conurbano (el ex de Lomas de Zamora, Jorge Rossi y el actual de Lanús, Darío Díaz Pérez) y al secretario de Medio Ambiente provincial, Homero Bibiloni, puso más puntos sobre la mesa y llamó a todas las fuerzas de seguridad para exigir el efectivo cumplimiento de las obras (ya iniciadas).
De lo contrario podrían correr multas a mansalva. Porque Armella planea intimar al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a que “en forma inmediata” ejecuten todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las medidas dictadas, en el marco de la ejecución de aquella sentencia del Máximo Tribunal.
En este contexto, el juez fijó un plazo inamovible y contundente: los responsables tienen diez días para que esas dependencias gubernamentales presenten una planificación sobre cómo será la intervención de la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

Por qué no se avanzó en la obra
El peso más grande que debieron cargar durante todo este tiempo los capistotes del Conurbano fueron las zonas calientas de la ribera. Sobre todo la feria de La Salada y las ferias de Avellaneda representaron los sectores más conflictivos para las tratativas de una suerte de desalojo. Al respecto, Armella fue claro cuando este martes presentó su resolución: “Deben ser efectuados (los controles) en muchos casos sobre zonas socialmente conflictivas, como zonas intrusadas públicas y privadas, asentamientos precarios y demás”. ¿Habrá un plan de reinserción para esta gente?
“Se hace indispensable que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires provean a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la atención de las medidas de seguridad que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos; debiéndose prevenir y proteger las áreas recuperadas, como ser basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás”, lacró el juez en su nueva foja.
El brazo del Riachuelo tiene una longitud de 64 kilómetros y atraviesa 14 municipios. Todos ellos están en la mira de un juez, aparentemente, difícil de contaminar.