La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña ordenó suspender la obra de canales aliviadores del arroyo Maldonado, como consecuencia de una causa abierta por corrupción administrativa y ambiental iniciada por legisladores de la Coalición Cívica.
El fallo del tribunal, que se difundió ayer, dispuso la paralización de los trabajos "hasta tanto se dicten los actos administrativos y técnicos que permitan resolver las irregularidades denunciadas".
Las hechos cuestionados a los que se refieren los jueces Esteban Centanaro, Eduardo Russo y Mabel Daniele se centran en la ausencia de un acto administrativo que justifique, ante una modificación de la obra, un incremento del valor de las tareas "en 20 millones de pesos más cinco millones de dólares", lo que equivale a unos $ 40 millones.
La causa fue iniciada por los diputados porteños Sergio Abrevaya y los legisladores con mandato cumplido Facundo Di Filippo y Milcíades Peña ante el juzgado de Vicente Cataldo, cuya medida cautelar de suspender las obras fue ratificada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Justicia porteña.
Los tres legisladores habían denunciado que la construcción de esos túneles aliviadores para evitar los continuos desbordes del entubado arroyo Maldonado no se ajustaba a las condiciones técnicas previstas en el pliego de licitación y que, además, el precio pactado originalmente se había elevado considerablemente.
La obra, para la cual se hizo un pozo en la zona de la Costanera Norte, desde donde trabajarán dos tuneladoras, fue adjudicada a la constructora italiana Ghella en $ 495 millones por el gobierno de Jorge Telerman y fue la actual gestión la que aprobó el incremento en unos $ 40 millones de pesos cuando esa compañía se asoció con la empresa local Iecsa, que presidía Franco Macri, y cuya titularidad ejerce ahora Angelo Calcaterra, uno de los sobrinos de ese empresario.
El dinero para solventar la obra se consiguió por un crédito del Banco Mundial, que financia el 68 por ciento de los trabajos. El 32% restante corresponde a fondos propios de la ciudad.
El vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano, Sergio Levit, respondió a LA NACION que esa dependencia no había sido notificada del fallo hasta ayer. Cuando se le pidió información acerca del documento que avala el incremento en el costo de la obra, no pudo dar precisiones.
"La Justicia nos da la razón. Alguien tiene que hacerse responsable. El Poder Ejecutivo tiene que investigar y hacerse cargo de este sobrepago no autorizado. Lo que más nos afecta es que es una obra tan esperada por decenas de miles de vecinos", dijo Abrevaya a LA NACION.
Los denunciantes también señalan que la inconsulta modificación de las condiciones técnicas de las obras podrían causar un daño ambiental irreversible en el Puelche, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y que abastece de agua a millones de habitantes de esos distritos.
La obra de dos túneles aliviadores bajo el entubado Arroyo Maldonado (que corre bajo la Avenida Juan B. Justo) está pensada como una solución para miles de vecinos porteños.