El Consejo Asesor de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento se reunirá esta mañana en el séptimo piso de la Casa de Gobierno para recibir -y debatir- tres informes sobre Obras Sanitarias Mendoza. Les serán ofrecidos por la intervención que preside Gonzalo Dávila; la coordinación de la auditoría interna, que encabeza José Luis Puliaffito, y el EPAS, que dirige Javier Montoro.
La reunión se llevará a cabo sólo diez días hábiles antes de que (el próximo 30 de diciembre) venza el plazo que tiene el Gobierno para comunicar la prórroga por otros 180 días de la intervención a OSM.
En este contexto, el gobernador Celso Jaque seguramente dispondrá la continuidad de la intervención hasta fines de julio de 2010. Aunque no existe una confirmación oficial y el tema se mantiene "bajo reserva" en la Casa de Gobierno, la sola contemplación de los plazos existentes permite concluir que se deberá disponer esta prórroga.
Es que sobre la empresa de agua y cloacas está dispuesta una segunda etapa de auditoría -en este caso externa y a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo- que demandará no menos de dos meses, un plazo que excede largamente el tiempo que tiene para comunicar la prórroga e incluso va más allá del 29 de enero, fijado como el último día de la intervención de no mediar una extensión.
Otro indicador que respalda la decisión de extender la intervención a OSM es la expectativa que se mantiene en torno a la posible adopción de una medida similar con Edemsa, en medio de la puja entre el Gobierno y el grupo Vila-Manzano. La reunión de esta mañana será de tipo "evaluatoria" sobre la marcha de la medida y -a diferencia de la anterior en setiembre pasado- no se permitirá el ingreso de la prensa.
El tema central de la reunión de hoy será el informe de situación de la empresa que brindarán el interventor, Dávila y el coordinador auditor Puliaffito. También se evaluarán los resultados de la emergencia operativa para el Gran Mendoza que decretó el Gobernador el pasado 25 de noviembre, luego de la crisis del servicio de agua potable que afectó a una veintena de barriadas de Guaymallén.
La falta de agua originó reclamos y cortes de tránsito en los accesos Sur y Este, y calles Cañadita Alegre y Lamadrid de Guaymallén. Y dio lugar a un enérgico reclamo en la Casa de Gobierno -con amenazas de denuncia en la Fiscalía de Estado inclusiva- por parte del intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham.
En el Consejo Asesor existen representantes del cobista Frente Cívico (Juan Carlos Jaliff y Carlos Le Donne) y también del Partido Demócrata (que no asistieron al encuentro anterior).
También hay representantes de los ministerios de Gobierno y de Infraestructura, la Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno, Irrigación, el Sindicato del Personal de OSM, legisladores de ambas cámaras y enviados de organismos científicos como el Centro Científico Tecnológico (ex Cricyt), CELA (Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua), INA (Instituto Nacional del Agua), CRA (Centro Regional Andino) y universidades públicas y privadas.

Cruces jurídicos
Ya en setiembre pasado la intervención estatal confirmó que la empresa acumula 220 demandas en firme o en suspenso, tanto civiles como laborales e incumplimientos fiscales por unos $ 40 millones, mientras que mantiene en la Justicia provincial un solo reclamo legal a favor cuyo monto equivale a 20 millones de pesos.
La accionista mayoritaria de OSM, la francesa Saur, mantiene su millonaria demanda por daños y perjuicios ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) contra el Estado nacional. El grupo francés presentó una propuesta de "negociación amistosa", que cursó por escrito a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a fines de agosto pasado.
Con copia a la embajada de Francia y firma del director general, Olivier Brousse, Saur aludió a la vigencia de un acuerdo bilateral entre ambos países que protege sus intereses. "Las medidas adoptadas, así como la forma en que fueron implementadas, constituyen una violación de las obligaciones asumidas por Argentina en favor de su inversión bajo el acuerdo entre el gobierno de Francia y el de Argentina para la promoción y protección recíproca de las inversiones", dice la nota.
Y, en virtud del artículo 8 del mismo tratado, solicita "el inicio de negociaciones amistosas". Al mismo tiempo, remarca la vigencia de "un plazo de seis meses a partir de la recepción de la nota" (en agosto pasado), aunque advierte que no renuncia "a recurrir al arbitraje internacional".
La contrapropuesta de Mendoza es la de aceptar sentarse a la mesa de negociación -a través de la Procuración de la Corte de la Nación- siempre y cuando el grupo francés suspenda la acción que aún tiene vigente y data de 2002 ante el Ciadi.
En la Casa de Gobierno, se habló desde un principio de llegar a "rediscutir el modelo de agua y cloacas en la provincia, discutir los términos de una probable rescisión de contrato y avanzar -de ser necesario- en el monto del resarcimiento y de los plazos de ejecución". Marcelo Sivera - msivera@losandes.com.ar