Este martes se dio a conocer a las partes el fallo de la Sala II de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario por el cual ordenó suspender la construcción de canales aliviadores del arroyo Maldonado, en el marco de una causa por corrupción administrativa y ambiental iniciada por legisladores de la Coalición Cívica.
El fallo del tribunal dispone la paralización de la obra más ambiciosa del Gobierno de Mauricio Macri hasta tanto se dicten los actos administrativos y técnicos que permitan resolver las irregularidades denunciadas.
La causa fue iniciada por los ex legisladores Facundo Di Filippo y Milcíades Peña y el diputado porteño Sergio Abrevaya ante el juzgado de Vicente Cataldo, cuya medida cautelar de suspender las obras fue ratificada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Justicia porteña.
Los dirigentes denunciaron que la construcción de esos túneles aliviadores para evitar los continuos desbordes del entubado arroyo Maldonado no se ajustaba a las condiciones técnicas previstas en el pliego de licitación y que, además, el precio pactado originalmente se elevó en unos 20 millones de pesos sin justificativo alguno.
También que la inconsulta modificación de las condiciones técnicas de las obras podría causar un daño ambiental irreversible en el Puelche, acuífero subterráneo que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece de agua potable a millones de habitantes de esos distritos.
El tribunal que ratificó la medida cautelar de primera instancia está integrado por los jueces Esteban Centanaro, Eduardo Russo y Mabel Daniele, quienes habían inspeccionado personalmente el obrador en la Costanera Norte.
En su voto, la jueza Daniele advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental de las obras.
La obra, para la cual se hizo un enorme pozo en la zona de la Costanera Norte desde donde trabajarían dos “tuneladoras”, fue adjudicada a la constructora italiana Ghella en 495 millones de pesos, aunque Macri aprobó el incremento en 20 millones de pesos cuando esa compañía se asoció con la empresa local IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus sobrinos, Ángelo Calcaterra.