“No hay espacio para volver al funcionamiento que tenía Obras Sanitarias Mendoza antes de la intervención”, afirmó el interventor Gonzalo Dávila. “Hemos revisado casi 10 mil fojas de documentación y no hemos podido encontrar aún contratos de funcionamiento interno sobre personal o asesoramiento técnico. Un poco más adelante podremos determinar si esto es por desorden o por ocultamiento”, manifestó el auditor José Luis Puliaffito.
"Lo mejor que nos puede pasar es que (los concesionarios Saur, Sielecky, Vila y Groisman) se vayan cuanto antes” de OSM, disparó desde la Asesoría de Gobierno Aldo Rodríguez Salas. “Queremos otra Obras Sanitarias con mayoría del Estado provincial y participación de los municipios y empleados”, manifestó el secretario general del Sindicato del Personal, Daniel Carone.
“Acompañamos el proceso (de la intervención) pero nos gustaría que avanzara más rápido”, dijo esbozando algunos reparos pero apuntando en la misma dirección, la senadora del ARI, Alejandra Naman.
Las declaraciones que se escucharon ayer tras la reunión del Consejo Asesor de los Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento en la Casa de Gobierno fueron coincidentes en dispararle a la que consideraron “la peor de las privatizaciones en la provincia de Mendoza”.
El organismo asesor aconsejó al gobernador Celso Jaque que extienda el plazo de la intervención a Obras Sanitarias Mendoza, que termina a fines de enero, “hasta que se finalice la labor de la auditoría”.
Según trascendió, la prórroga no alcanzaría los 180 días permitidos sino que sería por un lapso menor que podría oscilar entre 60 y 90 días, es decir hasta fines de marzo o abril. Tal como adelantó ayer Los Andes, el gobernador deberá resolver el tema en los próximos diez días hábiles.
Así se pudo confirmar ayer en la Casa de Gobierno, en medio de un clima generalizado y creciente en favor de declarar “caída” la concesión “por incumplimientos múltiples” y de avanzar en la reformulación de la empresa e incluso en su reestatización.

Informes
Durante el encuentro, Dávila y Puliaffito presentaron informes que confirmaron una vez más que los problemas de operatividad del servicio son producto principalmente “del incumplimiento en los niveles de inversión acordados para la concesión”. Según informaron, esta falta de inversión afecta la capacidad de potabilización de agua e impide establecer niveles de presión uniforme en todo el Gran Mendoza.
Por su parte, Rodríguez Salas reiteró que el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) sólo atiende reclamos referidos a posibles afectaciones de inversiones de empresas internacionales, no interviene en conflictos con empresas locales y -además- respeta la jurisdicción de la Justicia mendocina en la resolución de cuestiones referidas a la concesión del servicio, aunque estén involucradas empresas internacionales.
En el conflicto existente entre la francesa Saur (principal accionista de la concesión de OSM y operador del servicio) y el Estado mendocino, la firma reclama “la devolución de la inversión” realizada en Mendoza por “70 millones de dólares”.
Por su parte, la Provincia de Mendoza prepara una serie de denuncias “por daños y perjuicios” cuyo monto se conocerá una vez que termine la segunda etapa de la auditoría sobre la empresa (a cargo de Universidad Nacional de Cuyo), posiblemente hacia el mes de abril de 2010.
A través de la Procuración de la Nación, el Gobierno ha confirmado que respetará los procedimientos establecidos en los convenios entre Argentina y Francia sobre inversiones de uno de los dos países en el otro. Pero al mismo tiempo le ha requerido a Saur la “unificación de la personería”, es decir la identificación de un solo referente oficial de la empresa, dado que ha encontrado “más de un apoderado” de la firma francesa.
Está confirmado que -una vez que quede definido un único interlocutor válido de Saur- el Ejecutivo se sentará a conversar en el marco de las “negociaciones amistosas” solicitadas por los accionistas franceses y previstas por los mecanismos de resolución de conflictos acordados por ambos países.
Mientras tanto, la intervención a OSM avanza en un triple proceso que incluye un diagnóstico de su situación interna, la aplicación de un plan operativo de corto plazo para atender la emergencia y el avance en la definición de un plan estratégico de mediano y largo plazo a partir del cual se establecerá el futuro de Obras Sanitarias.

Contexto
“El servicio se ha normalizado pero la situación sigue siendo inestable”, dijo el interventor de Obras Sanitarias, Gonzalo Dávila, refiriéndose a la provisión de agua potable en zonas críticas del Gran Mendoza.
El Gobierno avanza en el plan que contempla la incorporación del caudal de pozos de agua subterránea a la red de distribución domiciliaria y a mantenerlos para casos de emergencia. Desde la empresa se admite la existencia de “cortes programados”, pero se los atribuye a interrupciones por tareas de mantenimiento y obras en canales de Irrigación.
El último informe del EPAS indica que “las reservas de la Planta Potabilizadora de Benegas se encuentran al tope de su capacidad y en la de Alto Godoy se registró una leve disminución”.

Imagen: Archivo Programa Infoagua