La provincia de Mendoza debate qué hacer con el servicio de agua potable y cloacas, tras el fracaso de la privatización iniciada en los ‘90.
El proceso de concesión y luego reestatización que vivieron Capital Federal y Gran Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y las ciudades de Córdoba y Tucumán, duró bastante más en la provincia cuyana.
En agosto pasado, el Ejecutivo se vio obligado a dictar una intervención sobre Obras Sanitarias de Mendoza, en medio de una crisis en la provisión de agua, que tiene cifras: se estima que los mendocinos sufren un retraso en las inversiones que llega a 600 millones de pesos.
La intervención dispuesta por el gobernador Celso Jaque se debate entre avanzar con otra concesión (y así seguir los pasos que comenzó el ex gobernador Arturo Lafalla y luego continuó el hoy vicepresidente Julio Cobos) o cambiar por una estatización del servicio.
El secretario general del sindicato del personal de Obras Sanitarias, Daniel Canone, planteó la creación de una empresa estatal que “como ocurre en la provincia de Santa Fe, una sociedad anónima con mayoría estatal y la participación de los municipios”.
El proceso de intervención comenzó el 3 de agosto por un lapso de 180 días y ya se habla de su prórroga. A comienzos de 2010, la intervención debe presentar un informe al gobernador y posteriormente Jaque deberá decidir sobre el futuro de la concesión.
La mención a Santa Fe no es gratuita: las concesiones Capital Federal y Gran Buenos Aires, y la de la ciudad de Córdoba, siguieron también los pasos de la experiencia santafesina: una empresa estatal bajo la figura de una sociedad anónima, con un ente de control externo y el mismo marco regulatorio de la época de la privatización.