Cuanto menos, hay que reconocer que tiene sentido de la oportunidad. El gobernador, José Alperovich, eligió la semana que termina para irse a descansar a Estados Unidos. Las vacaciones le servirán para alejarse de un escenario en el que, justamente, las novedades vinculadas con el trabajo, con los indicadores laborales, no arrojan buenas noticias.
Aumentó la desocupación durante el trimestre anterior y volvió a registrar dos dígitos. Con un pie en el avión, el mandatario, típicamente, reaccionó vaticinando que, en lo referido a octubre, noviembre y diciembre, volvería a marcar ocho puntos. Esto demuestra que el Gobierno, aún a la hora de abordar la situación social, parece convencido que sólo se está discutiendo de números. Y en realidad se habla de la vida de las personas. De que hay trimestres completos durante los cuales miles de tucumanos no tienen trabajo, lo a que menudo implica que no tienen para vivir.

La patria asistencialista
Los espasmos de los índices de desocupación muestran un perfil definido de esta gestión: el alperovichismo es, en materia de generación de puestos de trabajo, un gestor de planes sociales. A tal punto que su gran anuncio laboral durante 2009 fue conseguir 15.000 beneficios del plan Argentina Trabaja. Con ello, el oficialismo se vanaglorió de que Tucumán era la única provincia del interior que gozaba de ellos: toda una prueba de amor kirchnerista. Sin embargo, la Presidenta no vino a anunciar la entrega de esos planes: fue a Santiago del Estero a inaugurar una planta de 90 millones de dólares que, tan curiosa como trágicamente, es de capitales tucumanos. Desde Miami no se ve, pero ahora, la vanguardia regional en biocombustibles es de los vecinos, porque los industriales tucumanos hallan mejores condiciones fuera de su propia provincia. Ya se dijo: el alperovichismo logró que ser tucumano sea mal negocio.
Por cierto, está vigente en nuestra provincia una ley de fomento a la inversión privada, pero de manera absolutamente estéril. La promovió el jurismo en sus últimos tiempos, pero el alperovichismo nunca la reglamentó. En consecuencia, no rige para todos, no es un esquema legal cuyos beneficios se aplican a cualquiera que reúna los requisitos. Por el contrario, se aplica individualmente, sólo para quien el oficialismo quiera. En consecuencia, no pudieron gozar de ella los tucumanos que debieron establecer su emprendimiento industrial en Santiago del Estero, pero sí se aplica para la llegada de algunos hoteles, a los que les dan créditos fiscales por decenas de millones de dólares. Sin importar que, tal como denunció Ricardo Bussi en el recinto de la Legislatura, haya hoteles en el caribe dominicano que son cuatro veces más grandes y varios millones de dólares más baratos, playas privadas con mares turquesa incluidos.
Eso sí: el alperovichismo se siente "histórico" porque se radicaron algunos call center a los que se les paga alquiler y un tercio de la planilla salarial, y que no tienen los contratos con la mejor fama del mercado. Mientras tanto, la alfombra roja sirvió no para la llegada sino para la salida de proyectos generadores de riqueza legítima.
Es que en Tucumán sólo hay lugar para el asistencialismo: para el "plancito". Para el clientelismo, cuyo apellido es "cortoplazo". Porque los beneficios de Argentina Trabaja duran sólo seis meses. "Y después vemos". Vemos si trabajaron, si el beneficiario sigue de buenas con el puntero que armó la cooperativa, si el puntero aún cuenta con la venia del alperovichismo, si el alperovichismo sigue en sintonía con los "K".

Los gallos del Gobierno
Los capitales que deciden no venir, o que eligen irse (últimamente, en el mapa inversor argentino, Santiago del Estero limita al norte con Salta), no se desaniman por el clima sino porque lo único que emerge y dura en esta provincia son las emergencias. Seguirá vigente por dos años la hídrica y también la sanitaria, así que en nombre de las inundaciones por llegar o de las pestes por venir se mantendrá en vigencia el festival de las proféticas contrataciones directas de obras públicas o de medicamentos. Y, por supuesto, se mantendrá la emergencia económica, con lo cual no podrán ejecutarse los juicios contra el Estado. Por toda novedad, el Gobierno, a partir de 2011, pautará una partida para pagar deudas con Consadep. Y no porque sea generoso: está buscando la manera de trampear los fallos de la Justicia en contra de una legislación de excepción que ya cumplió la mayoría de edad: tiene 18 años en Tucumán.
Es decir, hay una Legislatura puesta al servicio de birlar las sentencias judiciales con leyes que cambian algo para que nada cambie. Y dispuesta a hacer valer los números del bloque sobre la razón de los argumentos. Pero qué lindo edificio de $ 100 millones va a tener… Y mientras el poder político insiste en que no tiene para pagarle a los tucumanos lo que el Poder Judicial manda, avalan como Presupuesto 2010 la inédita cifra de $ 7.100 millones para gastos. Claro está, no se sabe cuáles gastos: nunca se entregó una copia del detalle analítico de partidas y subpartidas. Lindo debut para las nuevas autoridades, que prometían diálogo y consenso, mientras negaban (en un hecho tan grave como incomprensible) las copias del plan de gastos del dinero del pueblo para 2010. Después de la denuncia de Esteban Jerez en el recinto, se entiende, en escala, el por qué de la negatva: según el opositor, mientras se destinarán $ 104.000 para asistir las riñas de gallo, la Secretaría de Integración para Personas con Capacidades Especiales dispondrá de un presupuesto anual de sólo $ 20.000.
Ahora bien, estos no son los peores indicadores socio-político locales. De hecho, comparado con lo que sigue, estas son, casi, las buenas noticias de fin de año.

La mala cifra
Según los datos oficiales, es decir, los del Gobierno, la mortalidad infantil volvió a subir en Tucumán. Mientras que en 2007 fue de 12,9 por mil nacidos vivos, en 2008 (según acaba de informar esta semana la Dirección de Estadísticas e Información en Salud de la Nación -DEIS-) la tasa fue del 13,8 por mil. En números absolutos, en 2007 hubo 371 muertes infantiles, mientras que el año pasado se registraron 407.
La mortalidad infantil es el indicador social más delicado. En su variación repercuten de manera directa los otros indicadores sociales: pobreza, indigencia, acceso a la vivienda y la salud, desempleo, educación. En otras palabras, el propio Estado reconoce que, en 2008, las condiciones de vida en Tucumán, para millares de familias, empeoraron en comparación con el año anterior.
Lo dramático es que, según los opositores, la situación es peor: sostienen que el oficialismo adultera las cifras de la mortalidad infantil. Entre muchos, lo denunciaron el ex legislador Alejandro Sangenis y el ahora senador José Cano; y (tal como lo reveló Federico van Mameren en el último Enfoque del Domingo) el asunto fue llevado a la Justicia Federal por el peronista Oscar López. Lo que ellos dicen es que la mortalidad infantil pasó del 24,3 por mil del mirandismo al 12,9 por mil del año pasado porque cambiaron los criterios de registración.

El beneficio de la duda
El nudo del asunto son los niños que nacen con menos de 500 gramos. Antes -siempre según los opositores-, eran registrados como nacidos vivos porque, efectivamente, nacen vivos: tienen signos vitales, aunque dada su condición de inmadurez no tienen sobrevida. Y cuando morían iban a engrosar la mortalidad infantil. Justamente, denuncian que, a partir de esta gestión, son anotados como muertes fetales.
El Gobierno ha negado sistemáticamente esto. Ahora bien, los datos de la DEIS les otorgan a los opositores, cuanto menos, el beneficio de la duda. Tucumán registra 632 defunciones fetales durante 2008, una cifra a la que ninguna otra provincia del interior se acerca. Con menos de 100 defunciones en ese año aparecen Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Con menos de 200 están en la lista Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, San Juan y Santiago del Estero. Con menos de 300 figuran Chaco, Mendoza, Misiones y Salta. Con menos de 400, Córdoba. Y con menos de 600, Santa Fe. Sólo Tucumán indica más de 600 defunciones, únicamente superada por la superpoblada provincia de Buenos Aires, respecto de la cual se anotan 1.925 defunciones fetales.
La cuestión termina de dimensionarse cuando se observan las proporciones. Y ahí sí que a Tucumán no le gana nadie. La tasa de mortalidad fetal total es del 21 por mil nacidos vivos. La paupérrima Formosa, que tiene la mortalidad infantil más alta del país (19,2 por mil) tiene una tasa de mortalidad fetal del 15 por mil. Le siguen San Juan, con el 13,1 por mil, y Jujuy, con el 10,8 por mil. En el resto, la mortalidad fetal total es de un dígito, incluyendo Buenos Aires: 6,8 por mil.
En este contexto, de las 632 defunciones fetales registradas en Tucumán, 360 (el 57%) corresponden a los de menos de 500 gramos. Para ponerlo en perspectiva, durante 2008 aparecen, en toda la Argentina, 843 defunciones fetales en el universo de los menores de 500 gramos. Luego, los 360 casos tucumanos representan el 43,2% de todas las defunciones correspondientes a ese rango en todo el país.

Sin maquillaje
Tal vez la Justicia pueda determinar qué es lo que pasa. Y más allá de las dialécticas opositoras, que acusan al Gobierno de manipular cifras sin escrúpulos, y de los contraataques oficialistas, que dicen que es infame pretender que registran como muertos a los niños nacidos vivos, quedan cuestiones alarmantes. Puntualmente, la mortalidad infantil ha vuelto a crecer, al igual que otros indicadores como el desempleo, mientras la pobreza -sin importar los guarismos- sigue siendo mucha. Y, a la par, las defunciones fetales representan un trágico fenómeno en la provincia.
Nadie le discute el asfalto a la democracia pavimentadora. Pero ella, ¿admitirá discutir la situación social tucumana? El maquillaje de hormigón se le está corriendo al alperovichismo. Y las estadísticas del mismo oficialismo no muestran buena cara.